A días de la publicación de la ley que regulará las tasas de intercambio de tarjetas de pago, ya fueron designados los integrantes de la comisión que fijará dichas tasas, que comenzarían a regir recién en febrero de 2022; sin embargo, uno de los autores del proyecto que impulsó esta institucionalidad, el exsenador Felipe Harboe (PPD) y actual convencional constituyente, destaca que la conformación del organismo contribuirá a aumentar la digitalización del dinero, en el marco de una economía que avanza cada vez con mayor rapidez hacia lo digital.
El exparlamentario subrayó la importancia de que ya se haya designado a los integrantes de la instancia, porque la fijación de la tasa de intercambio permitirá el aumento de la competencia y la fijación de costos de servicios, lo que "aumentará la digitalización del dinero, elemento básico para la economía digital, pero también para la seguridad"; porque se evita el uso masivo de efectivo y con ello los delitos asociados.
A su juicio, el principal desafío de los comisionados será "equilibrar entre las consideraciones técnicas que tengan en vista con la realidad de nuestro mercado de la industria de pago", ya que Chile –dice- no está por mucho a la altura de países como Estados Unidos o Australia, ni mucho menos al nivel de Europa. Porque en Chile aún tenemos tasas muy inferiores de digitalización en comparación con esos países
Harboe profundiza en que esta normativa tiene por objeto "fijar tarifas para motivar el desarrollo de competencia en la industria de los medios de pago". Ya que en la actualidad existen más operadores que sólo Transbank, el más conocido, y ello genera más competencia, lo que iría asociado a mayores beneficios para el comercio.
"Estamos hablando de que, más o menos, del 18% a 20% del comercio tiene medios digitales y se requiere pasar rápidamente al 40%, 50% o 60%; para que eso sea atractivo se va a requerir, por un lado, que los costos asociados sean proporcionales, pero también que sean los suficientes para que sean atractivos para la industria de medios de pago", profundiza y advierte que de lo contrario, puede ocurrir que no sea negocio y eso desincentive el desarrollo de la economía digital.
La relevancia de que Chile le dé impulso y desarrolle la economía digital es clave, recalca, porque esta es la tendencia global. Ello porque con la digitalización del dinero, a nivel mundial, las transacciones son mucho más rápidas, transparentes y tienen trazabilidad; como la los procesos son inmediatos acelera el comercio; y, con ello disminuyen decididamente algunos delitos, argumenta. "Cuando uno mira las cifras de victimización, el 70% de lo que se roba, en delitos contra la propiedad, es dinero en efectivo. Por tanto, su la eliminación como circulante, disminuye inmediatamente el nivel de inseguridad de las personas", explica el exsenador.
Datos personales
Sin embargo, Harboe admitió que si bien este es un avance importante y necesario para la economía chilena, porque con ello disminuirían los delitos a la propiedad, aumenta la preocupación por el cibercrimen; lo que implica que con todos los beneficios que esto conlleva "los comercios tienen que adaptar mecanismos de ciberseguridad para evitar el cibercrimen, eso es evidente y muy importante".
Ello, porque según argumenta, una sociedad digital que tiene elementos de ciberseguridad que le dan tranquilidad a los usuarios, al comercio, a los medios de pago, a los proveedores, es una sociedad digital con mucho más certezas y, por lo tanto, más competitiva desde el punto de vista de los negocios.
En este sentido, dice, es clave el rol que juega en este proceso el proyecto de protección de datos –del que también es coautor- y que aún se tramita lentamente en el Congreso. De hecho, hace algunos días Harboe participó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde se le invitó a exponer sobre el tema.
La economía digital se funda en la transferencia de datos y, por tanto, es clave que los estados cuenten con normativas que permitan, por un lado, dar certezas a las industrias de qué pueden y no pueden hacer; pero, por otro lado, que garanticen los derechos de las personas, que muchas veces se ven violentadas por el tráfico de sus datos personales, sin ningún tipo de autorización y para fines que no fueron recolectados, argumenta.
Adicionalmente y tan importante como lo anterior, señala Harboe, es que "Chile está perdiendo tremendas oportunidades de negocios hoy. Por de pronto, Europa ha señalado que el Tratado de Libre Comercio que tiene que actualizarse con nuestro país no se actualizará, si no tenemos una ley de protección de datos. Y para eso se requiere no sólo decisión del gobierno, sino que particularmente capacidad de entender que se requiere una institucionalidad especializada en estas materias", sentencia.
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