El proyecto de ley de Portabilidad Financiera que fue anunciado con bombos y platillos por parte del Presidente Sebastián Piñera tuvo un importante avance. La iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y que tiene como objetivo generar mejores condiciones para que las personas puedan fácilmente pasar de una institución financiera a otra mediante el traspaso de sus productos, tuvo el martes luz verde en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y ahora será visto por la Sala, para luego pasar al Senado.
Durante su tramitación, el apoyo a la iniciativa fue transversal, tanto a nivel político como también por parte de los actores de la industria financiera y de los reguladores. Todos plantearon fórmulas para perfeccionar los mecanismos por los cuales las personas podrán llevar sus créditos de una compañía a otra.
Eso sí, el proyecto tuvo tres grandes cambios. El primero de ellos es que se acortó el plazo de vigencia una vez publicada la iniciativa en el Diario Oficial. La iniciativa original planteaba que entraba en régimen la portabilidad financiera a contar de 120 días después que sea publicada, ahora se reduce a sólo 90 días.
Asimismo, se disminuyó el plazo para dictar el reglamento que establecerá todos los mecanismos operativos de cómo se hará la portabilidad de 180 días a 45 días desde la publicación de la ley.
Conocedores del proyecto indican que estos cambios buscan que la portabilidad financiera esté funcionando lo antes posible y así aprovechar las bajas tasas de interés que han llegado a marcar récords históricos. De esta manera, se podría renegociar créditos con mejores condiciones, especialmente los hipotecarios, con menores costos, tiempo y con mejor información.
El segundo cambio fue que se perfeccionó el mecanismo de portabilidad para los créditos rotativos, que son todos aquellos usados a través tarjetas de crédito y líneas de crédito. El objetivo de la modificación era otorgar certeza respecto de la deuda que debe ser pagada por el nuevo proveedor financiero, y así, hacer más expedito el reemplazo de un producto por otro.
Para lograr esto, se aprobó incluir una etapa de actualización de deuda, mecanismo por el cual el proveedor inicial confirma la deuda del cliente y bloquea el producto anterior.
La tercera transformación aborda que la solicitud de certificado será sin costo. La comisión de Economía de la Cámara de Diputados acordó explicitar que la gestión que realice el nuevo proveedor financiero para obtener el certificado de pago de impuesto de timbre y estampilla –que es necesario para que el nuevo crédito hipotecario no pague impuestos– será sin costo para el cliente.
Entre los planes del gobierno es lograr la aprobación del proyecto antes que acabe el año para que pueda entrar a regir el próximo año. Cabe recordar que según las estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, la iniciativa podría beneficiar a 3,2 millones de hogares chilenos.
Una modelación que hizo hace unos meses el gobierno en base a los créditos hipotecarios, concluyó que el costo de los trámites podría bajar hasta en un 33% y reducirse a la mitad del tiempo. Además, junto a este proyecto de ley, se presentó una medida adicional que implicará una rebaja de 50% de los aranceles de los conservadores de bienes raíces para los casos de refinanciamiento de los créditos hipotecarios.
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