La Hacienda española abrió un nuevo frente de batalla para los que eran accionistas de Banco Popular en el momento de la resolución, entre los que estaba Luksic. De acuerdo al diario Expansión, la Agencia Tributaria envió requerimientos a los grandes ex inversionistas del banco solicitándoles que devuelvan las cantidades que se hayan desgravado durante los últimos ejercicios desde la resolución de la entidad financiera en 2017, además de los correspondientes intereses.
Este procedimiento sólo afecta a los grandes inversionistas que tributan por la ley de sociedades, es decir, los que tuvieran al menos un 5% del capital de la entidad o una participación valorada en el momento de compra en más de 20 millones de euros. Los accionistas minoritarios no estarían incluidos en esta revisión porque tributan por IRPF, no por Sociedades.
Hay que tener en cuenta que la desgravación sólo se la podían aplicar accionistas que tributan en España a través del Impuesto de Sociedades, por lo que a priori no afectaría, por ejemplo, a nombres tan conocidos como las familias Del Valle o Luksic.
El conflicto se produce por una diferencia de interpretación en la norma, según confirman fuentes jurídicas.
En la ley que regula el Impuesto de Sociedades, se establece que este perfil de grandes inversores, principalmente fondos y sociedades patrimoniales, pueden deducirse las pérdidas producidas por la "extinción de la entidad participada". Es decir, sólo si la empresa desaparece, pero no si es fruto de una reestructuración.
Y, atendiendo a la normativa europea, Hacienda considera que la resolución de Popular fue un tipo de reestructuración y no una extinción. Tras ser declarado inviable por el BCE la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución, con sede en Bruselas, ordenó la amortización de todas las acciones de Popular y de sus dos emisiones de CoCos, así como la conversión en acciones de nueva emisión de toda la deuda subordinada. Estos títulos se vendieron a Santander en el marco de una subasta competitiva exprés por el precio simbólico de un euro.
Popular pasó a ser filial al 100% de Santander que, para restablecer la situación patrimonial realizó unas semanas después una ampliación de capital de 7.000 millones de euros. Popular mantuvo su personalidad jurídica hasta septiembre de 2018, cuando Santander absorbió esta filial.
En su requerimiento, Hacienda asegura que, al tratarse de una reestructuración, los inversores que se hayan desgravado el valor de su participación deben devolver esa cantidad, además de no seguir aplicándola en los ejercicios posteriores (ya que se podía periodificar). Aunque no ha trascendido el importe de las cifras reclamadas, el coste para los inversores se calcula en varios millones de euros. Algunas fuentes consultadas calculan que alrededor de mil millones de euros podrían haber estado en manos de este tipo de fondos y sociedades patrimoniales.
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