El proyecto de ley que busca reactivar el sector de la construcción e inmobiliario, a través de la venta del stock de viviendas disponibles, fue ingresado en la Cámara de Diputados previo al receso legislativo.
La iniciativa del Ejecutivo establece un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, de 60 puntos base (pb) para personas naturales y 50 pb para personas jurídicas.
La extensión de este beneficio será de doce meses desde la entrada en vigencia de la ley o hasta la venta de 50.000 unidades. Dentro de esas unidades se considerará una cuota de 5.000 viviendas de interés social para la compra de primeras viviendas de hasta 3.000 UF.
En tanto, se busca renovar el Fondo de Garantía Estatal a la Construcción hasta el 31 de diciembre de 2025, y se creará el Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva. Se precisó que el fondo no podrá garantizar más del 60% del valor de la vivienda.
El oficio fue ingresado junto a un informe financiero con los detalles del impacto fiscal del proyecto. Este señaló que la renovación del Fogaes a la Construcción y la creación del los programas de garantía “son extensiones o nuevas consideraciones en el marco del Fondo de Garantías Especiales, las cuales no incrementarán su razón de apalancamiento en una magnitud que requiera incrementar su patrimonio, por lo que no tendrán efecto fiscal”.
No obstante, agregó que “el mayor gasto fiscal que se desprende del proyecto de ley se origina por el subsidio a la tasa de interés”. Así, describió el gasto por año para el máximo de créditos considerados.
Cálculos del gasto fiscal
Para esto, se consideró el promedio de valor de las ventas en UF 2.800 que un 80% son adquiridas por personas naturales y un 20% por personas jurídicas, y una combinación de distintas tasas de interés, las cuales quedan definidas en función de los montos de pie -de 10% o 20%- y plazos de crédito, entre 20 y 30 años.
En base a esto, el informe presentó una tabla con el mayor gasto por año con el subsidio a la tasa. El documento detalló que en 2026 el gasto sería de $ 6.317 millones, en 2027 aumentaría a $ 23.913 millones, y que la cifra más alta se alcanzaría en 2028 con $ 24.341 millones.
Después de eso, el gasto iría disminuyendo por año, llegando a $ 19.052 millones en 2035.
Además, la tabla reportó que para 2040 el gasto sería de $ 14.165 millones, en 2045 de $ 8.095 millones, y en 2050 disminuiría a $ 4.282 millones.
En el documento se indicó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia “se financiará con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público”.
En tanto, para los años posteriores, el gasto se financiará “con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público”, se lee en el informe.
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