Hasta Valparaíso arribaron en la mañana los principales representantes del sector financiero para acudir hasta la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y presentar su opinión respecto al proyecto de ley de Portabilidad Financiera que presentó el Presidente Sebastián Piñera y que cuenta con suma urgencia. Se tiene previsto que mañana los parlamentarios procedan a votar la iniciativa.
La cita contó con la participación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), el Retail Financiero, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y el Instituto Libertad y Desarrollo, quienes estuvieron de acuerdo con el proyecto, pero todos formularon observaciones a la iniciativa legal.
Una de las propuestas de perfeccionamiento realizada por la comisionada de la CMF, Rosario Celedón, fue respecto a la entrada en vigencia tanto de la ley como el reglamento de la portabilidad financiera, existiendo una incoherencia a su juicio el proyecto comenzaría a ser válido a los 120 días una vez publicado en el Diario Oficial, mientras que las distintas reglas para su aplicación sería en 180 días, lo cual generaría un problema de aplicación. Este aspecto también fue criticado por los representantes de la industria financiera que expusieron.
Por otro lado, advirtió que la materialización de los beneficios esperados por esta modificación legal -en materia de plazos y costos- dependerá de la implementación operativa de la iniciativa, lo que requerirá de una adecuada interacción entre las distintas instituciones financieras.
Respecto a los créditos, Celedón consideró que los clientes que más se beneficiaran son aquellos con deudas hipotecarias y de tipo masivo, como el préstamo de financiamiento automotriz, y que el mayor desafío será aplicar el traspaso a productos rotativos, como las líneas y tarjetas de crédito. Además, hizo el alcance de que en los traslados de créditos no se están considerando los seguros asociados -como el de desgravamen-, mencionando que deberían mantenerse.
Por último, la comisionada destacó el tratamiento de datos que se intercambiarán entre las distintas entidades por la portabilidad financiera, argumentando a favor de que exista la cancelación de esta información una vez concluido el traslado y evitar que sean usados con otros fines, como los crediticios.
La visión de la banca
El gerente general de la ABIF, Luis Opazo, advirtió que la portabilidad financiera presenta complejidades respecto a productos u operaciones contingentes, como es línea de crédito u operaciones no reconocidas. Esto, pues según la banca esto podría generar que la deuda a pagar por el nuevo acreedor sea más de lo estipulado en el certificado de liquidación. Por lo tanto, Opazo sugirió explicitar que el nuevo oferente pueda retractarse de su oferta de portabilidad.
Por otro lado, el representante de la ABIF mencionó que existen rigideces en la operación del proceso de portabilidad dadas las eventuales particularidades de cada cliente, por lo que recomendó que la fijación de plazos específicos se establezca en los respectivos reglamentos con el previo informe del regulador.
Además, solicitó que el devengo de intereses por el plazo transcurrido entre la celebración del referido crédito y el pago del crédito inicial por el nuevo proveedor se realice desde la aceptación del contrato de crédito con el nuevo oferente.
Por último, Opazo recomendó que en caso de trasladar créditos, el monto del capital del nuevo crédito sí pueda incluir variaciones, dado que en el estado actual no permitiría la portabilidad en caso de presentarse, por ejemplo, intereses devengados.
La posición del retail
El vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, Claudio Ortiz, advirtió que el proyecto no está considerando el caso de las transacciones pendientes de cargo, especialmente aquellas internacionales.
En esa línea, pidió que exista coherencia con las transacciones que están en controversia que están siendo abordadas por el proyecto de ley sobre la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas en esta materia.
Además, propuso que, dada la complejidad operacional de los distintos productos financieros que podrían trasladarse con la portabilidad, exista un reglamento específico de traslado para cada tipo, sea del tipo que se trate, ya sean créditos, tarjetas o cuentas.
Por último, Ortiz criticó que el proyecto delega todos los asuntos operacionales relevantes a un reglamento, pero no especifica qué autoridad específica que controle la aplicación o un eventual incumplimiento de la normativa.
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