Los pronósticos económicos del vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, Claudio Ortiz, no son auspiciosos para el presente ejercicio y vislumbra importantes retos para la industria, teniendo en consideración que en el Congreso se discuten diversas iniciativas que afectan al sector.
“Visualizamos una incertidumbre preocupante en lo económico. Se viene un 2023 muy complejo, donde observamos una caída en el consumo, mayores tasas de desempleo y un Estado con menos recursos para tomar medidas anticíclicas”, señaló.
“Se van a retomar rápidamente los niveles de impagos de aquí a fin de año en torno al 9%”.
Bajo este telón de fondo, estimó que las carteras del retail financiero -que estaban con índices de morosidad cercanas a 5% a un plazo de 30 días- “van a retomar rápidamente los niveles de impagos de aquí a fin de año en torno a 9%”, superando los niveles prepandemia.
Tras finalizar el primer trimestre los actores del sector comenzaron a ver incrementos en las tasas de morosidad en línea con el deterioro del mercado laboral.
Por ello, Ortiz recomendó a las personas que “tomen medidas prudenciales, sean muy selectivas, usen muy racionalmente sus líneas de crédito, evitar el sobreendeudamiento. Hay que prepararse para un escenario más difícil”.
Manifestó que se deben ir tomando medidas anticipadas en materia de reprogramaciones: “Buscar un buen equilibrio para no tomar acciones demasiado restrictivas que terminen quitándole el ‘paraguas’ a las personas cuando más lo necesitan”, dijo.
Frente en el Congreso
Otro de los temas que captan la atención del retail financiero son las propuestas legislativas que se discuten en el Congreso y que afectan a esta industria: el proyecto que crea un registro de deuda consolidada y la moción denominada “Chao Dicom”, que busca eliminar datos de deudas impagas por hasta $ 2,5 millones.
Consultado de si existe una contradicción al avanzar en ambas ideas, sostuvo que “lo que ha quedado en evidencia es que prácticamente el 40% de las personas que fueron borradas sus registros por iniciativas similares, al cabo de un año volvieron a ser parte de la base de morosidad”.
Por ello, criticó que “el solo hecho que se debata, que esté en la discusión, ya genera un deterioro en la morosidad de mucha gente”.
En cuanto a la creación del registro de deuda consolidada, apuntó que se debería complementar el contenido de la información que iría al registro de deuda consolidada.
Añadió que se podrían incorporar nuevos aportantes de información, mejorando así los sistemas de evaluación crediticia. Por ejemplo, incluir las cuentas morosas de servicios públicos.
Ley Anti-Fraude
Otro aspecto que genera preocupación son los efectos de la Ley Anti-Fraude. “Debemos tomar urgentes medidas, porque está significando un aumento importante en los costos para las empresas por el incremento de todos los emisores que están teniendo en materia de desconocimiento de deuda”, dijo.
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