Un nuevo episodio de fraude en la banca está siendo visto por la justicia. Esta vez Banco Santander acudió hasta tribunales para denunciar una estafa que ascendió a $ 470 millones y que afectó a un cliente de la categoría empresa.
De acuerdo a los antecedentes del caso, la compañía controlada por capitales españoles interpuso el viernes pasado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del acto delictual. La acción legal fue admitida el lunes por el tribunal.
El escrito se detalla que el 27 de septiembre del año pasado el Departamento de Gestión de Fraudes de la Gerencia de Riesgo Tecnológico y Operacional de la compañía detectó la existencia de un presunto fraude a uno de sus clientes empresas.
Tras este hecho, la firma asegura que se activaron los protocolos que tienen y se contactaron con los representantes de su cliente afectado quien desconoció una transferencia electrónica que se realizó ese día a las 12:17 horas por $ 470 millones hacia otra cuenta corriente que también pertenece a Santander.
La entidad financiera indicó que de acuerdo a la investigación interna desarrollada por funcionarios del banco, la transferencia fraudulenta fue realizada utilizando todas las medidas de seguridad que tienen dispuestas, las cuales consisten primero en una clave del portal digital de Banco Santander; la segunda es la Superclave que se obtiene de una tarjeta de coordenadas; y el último proceso es la Clave 3.0 que se trata de clave enviada al teléfono celular registrado en el banco.
Santander menciona en la querella que "es muy probable que el apoderado de la empresa haya sido víctima de un fraude informático de tipo phishing o similar".
Sobre cómo la persona que realizó la transferencia fraudulenta y obtuvo la tarjeta de coordenadas, las indagaciones que realizó la corporación dieron como resultado que "el mismo día 27 de septiembre de 2019 a las 10:14 horas, se realizó un cambio de tarjeta en la sucursal de Agustinas de Banco Santander".
En la querella se sostuvo que el banco reconoció que "tras solicitar documentación de respaldo a los funcionarios de dicha facultad, se constató una infracción al protocolo de seguridad relativo a la entrega de Superclave".
Es más, la firma indicó que "por negligencia u otro motivo, la entonces funcionaria de asistencia al cliente, entregó una nueva tarjeta de coordenadas a un sujeto desconocido que usurpó la identidad del apoderado del cliente, pese a que el sistema de verificación dactilar arrojó un rechazo".
Sobre el último proceso para autorizar la transferencia que se hace través de Clave 3.0, "se pudo determinar que el número de teléfono registrado en el sistema informático del banco no había sido modificado durante el periodo sospechoso, por lo cual puede inferirse que el engaño se desarrolló ante el prestador de servicio telefónico, lo que normalmente ocurre mediante una suplantación de identidad que permite obtener un nuevo SIM Card".
Como resultado de las gestiones realizadas por Santander, fue posible retener $ 152 millones, existiendo un perjuicio de $318 millones que el banco tuvo que reintegrar al cliente afectado.
Los diligencias
Santander se querelló por los delitos informáticos, usurpación de identidad y estafa contra los responsables.
La compañía además solicitó que la Policía de Investigaciones indague el caso. Además, que se tome declaraciones a la asesora de servicio al cliente de la sucursal Agustinas de Banco Santander, como al jefe de Operaciones de dicha oficina.
Asimismo, se requirió que se levante el secreto bancario contra la empresa que recibió la transferencia electrónica y que sea declarada como imputada en el caso.
Consultado Santander sobre si los funcionarios del banco que incumplieron los protocolos internos fueron desvinculados, como también de mayores antecedentes del fraude, la compañía declinó hacer comentarios.
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