Mientras el debate en torno al sistema de medios de pago continúa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la discusión también se instaló en la arena política. Ello, porque un proyecto que fija las tasas de intercambio (TI) fue aprobado en general esta mañana por la comisión de Economía del Senado.
Las TI son las comisiones que se les paga a los emisores de tarjetas de crédito, débito y de prepago (bancos, principalmente) por cada transacción que ejecuta un comercio a través de estos plásticos. Actualmente, este cobro es fijado por las marcas de tarjetas, como Mastercard, Visa o American Express, y no está regulado.
La iniciativa considera que la tasa de intercambio máxima a cobrar ascenderá a 0,3% del valor de las operaciones comerciales con tarjetas de crédito, mientras que para las de débito y de prepago la comisión será de 0,2%.
"Muchos pequeños y medianos locatarios están viendo cómo sus costos de operación se ven aumentados producto de que Chile tiene costos de transacción muy altos y que no se justifican. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en Europa, Australia o en Canadá, donde han hecho leyes especiales, los costos de transacción son mucho más bajos. Eso aumenta la competitividad, disminuye el costo y, por lo tanto, se incrementa el margen para los pequeños y medianos empresarios. Este es un tema muy determinante para la economía chilena, particularmente en el área de la economía digital", comentó uno de los autores del proyecto, el senador PPD, Felipe Harboe.
Con todo, la iniciativa también le pone presión al gobierno, ya que el Ministerio de Hacienda anunció en julio un proyecto de ley para regular las tasas de intercambio, las que ya no estarán al arbitrio de las marcas, sino que será el Banco Central el organismo encargado de fijarlas.
"Estoy consciente de que las tasas de intercambio que pusimos en el proyecto son referenciales y probablemente el gobierno tendrá que cambiarlas, pero el punto es que de una vez por todas se avance en esto", indicó Harboe.
CMF entra en la discusión
En el ámbito judicial, el TDLC continúa recibiendo información de las entidades públicas y privadas interesadas en la consulta ingresada por Transbank para que se apruebe su modelo tarifario.
Ad portas de que se lleve a cabo la audiencia por el caso, el próximo 21 de octubre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) envió sus antecedentes, que revelaron su preocupación por la situación financiera que enfrenta Transbank, principal operador de tarjetas de pago del país.
Ello debido a que, de forma transitoria, la sociedad de apoyo al giro bancario implementó un esquema de cobros que incluye una baja de las comisiones que aplicó a 130 mil establecimientos comerciales, aunque un alza para otros 17 mil, pero que es absorbida por la compañía.
Eso llevó a que la firma viera disminuir sus ganancias en 98% durante el primer semestre de este 2020, hasta los $ 229 millones, en comparación a los $ 9.446 millones que había obtenido a junio de 2019.
"Esta Institución está especialmente atenta a la coyuntura que enfrenta Transbank, por cuanto a partir de las proyecciones de su situación patrimonial se colige que esta puede verse fuertemente afectada en un plazo cercano a consecuencia de presentar una situación deficitaria prolongada en sus resultados. Esto último, pondría en riesgo no solo el cumplimiento de los requisitos de capital mínimo regulatorio y liquidez que le son exigibles, sino también la continuidad operacional de la entidad y consecuencialmente, de la cadena de pagos minorista en que participa", señala un escrito ingresado por la CMF.
Otro punto sobre el que advirtió el regulador es la disponibilidad de recursos a los que puede acceder Transbank, debido a que algunos de sus accionistas, los bancos, han salido de su propiedad, mientras que otros han anunciado que están evaluando esa decisión.
"Por otra parte, corresponde ponderar la incidencia en la situación patrimonial de Transbank con los anuncios que han formulado algunos de sus actuales accionistas, quienes han difundido públicamente la intención de enajenar su participación, situación que se produce a partir de la nueva operación del modelo de cuatro partes. Esto último, si bien es concordante con las recomendaciones que ha presentado la Fiscalía Nacional Económica durante los últimos años, dificultaría la disponibilidad inmediata de recursos proveniente de sus socios para eventuales aumentos de capital que se pudieran requerir", señalaron desde la Comisión.
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