El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó a través de un comunicado de prensa que exigirá al Banco de Chile y a Bci que devuelvan los dineros cobrados indebidamente a sus clientes morosos por gestiones de cobranza amparándose en la figura de supuestos "honorarios judiciales", así como obtener las correspondientes compensaciones a los afectados, de acuerdo a las indagaciones que llevó a cabo el organismo.
La entidad indicó que buscan que ambas firmas terminen con estas conductas, adecuándose a los estándares y límites que exige la Ley del Consumidor.
El director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que este tipo de cobros aplicados por estas entidades financieras son graves, pues, además de estar limitados en la ley desde el año 1999, afectan a consumidores que ya están morosos y no están en posición de poder negociar.
Según las investigación que hizo el Sernac, Banco de Chile y Bci incluyen en sus contratos una cláusula donde establecen que en caso de morosidad será de cargo del consumidor los "honorarios judiciales" en que incurra la empresa en caso de cobranza judicial.
Entre los antecedentes detectados por el Sernac, en el caso del Bci, estos "honorarios" corresponden a un 15% del monto adeudado, mientras que en caso de Banco de Chile es entre 10% y 15% del total demandado, más gastos y costas judiciales.
El Servicio detectó que este cobro es aplicado cuando se celebran acuerdos extrajudiciales que ponen término al juicio de cobro y, por tanto, no son establecidos por el tribunal.
Según los datos de la investigación, sólo entre los años 2020 y 2021, Bci impuso este tipo de cobros a los 35 mil casos en que suscribió acuerdos extrajudiciales con los consumidores para poner término a la cobranza judicial; mientras que el Banco de Chile lo habría realizado en más de 20 mil casos entre 2017 y 2021.
Por consiguiente, el Sernac apuntó que los montos totales a restituir podrían llegar a varias decenas de millones de pesos.
A juicio del Sernac, la inclusión de esta cláusula y la aplicación de estos cobros no se ajustan a lo que establece la Ley del Consumidor y atentan en contra la buena fe, ya que no obedecen a parámetros objetivos y producen desequilibrio y perjuicio de los consumidores.
La entidad fiscalizadora sostuvo que la normativa establece expresamente que las empresas sólo pueden cobrar los reembolsos por las gestiones efectivas de cobranzas extrajudiciales con topes.
En efecto, la legislación prohíbe desde 1999 cobrar montos superiores al 3%, 6% y 9% del total de la deuda y según una escala progresiva por tramos (sobre UF 50, entre UF 10 y 50 y hasta UF 10, respectivamente).
El Sernac explicó que cuando se trata de cobranzas judiciales, los montos por concepto "honorarios judiciales" que deben pagar los consumidores a las empresas se fijan una vez que concluya el juicio, los que son establecidos por el juez y no por las entidades financieras.
Ante los resultados que llevó a cabo la indagatoria del Sernac, el organismo inició de oficio un procedimiento voluntario colectivo con ambas entidades financieras, instancia donde exigirá que devuelva el dinero cobrado indebidamente a los consumidores, con los reajustes e intereses respectivos.
Además, el Sernac solicitará a las entidades adecuar sus contratos y prácticas a lo que establece la Ley.
El Servicio advirtió que de no lograr una propuesta satisfactoria de parte de las entidades bancarias, tomará las acciones que correspondan para defender los derechos colectivos de los consumidores que han sido afectados.
Las empresas que no cumplen con las exigencias que establece la ley respecto de las acciones de cobranzas extrajudiciales se arriesgan a multas que pueden llegar hasta UTM 300, esto es, $16 millones, sin perjuicio de las circunstancias agravantes que resulten aplicables por parte del tribunal.
Respuesta de Bci
A través de una declaración pública, Bci aclaró que "frente al escenario en que un cliente se encuentre con problemas para pagar sus deudas, nuestro primer objetivo es buscar diferentes soluciones que le permitan regularizar su situación financiera. Lo anterior ha significado que más del 96% de las operaciones en mora son regularizadas sin iniciar un juicio. Respecto del 4% restante, tenemos que cumplir con las obligaciones legales y del regulador CMF, e iniciar las respectivas acciones judiciales".
Respecto a las cláusulas relacionadas con la forma y condiciones de la cobranza judicial, el banco aseguró que "están ajustadas a la normativa legal vigente".
La entidad financiera ahondó que "la información referida a los procesos de cobranza se entrega a todos nuestros clientes de manera transparente, desde el inicio de los procesos de crédito, incluyendo los plazos y fases donde se aplican".
Mencionaron que "seguiremos colaborando con el Sernac, entregado toda la información pertinente de manera oportuna, con el fin de clarificar las consultas en relación a la inclusión de estas cláusulas en nuestros contratos".
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