La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer a comienzos de mes que rechazó el recurso de reposición del empresario Roberto Guzmán Lyon, que fue sancionado en el denominado caso Cascada y que pidió declarar que la multa fue pagada totalmente, a lo que el regulador dictaminó que era "incompleto" por no saldar los intereses, el empresario no quedó satisfecho con la decisión de la CMF. Acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando que esta instancia declare que él ha pagado totalmente la multa y no adeuda los intereses.
El ente regulador sostiene que Guzmán Lyon no ha pagado por completo la multa que ratificó la Suprema por casi US$ 3 millones, ya que no se han cancelado los intereses de la sanción que se impuso el 2 de septiembre de 2014. A contar de esa fecha, Guzmán Lyon debía pagar intereses mensuales por la multa a juicio de la Comisión.
En julio de 2021 la Corte Suprema ratificó las acusaciones que hizo la extinta Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en 2014 contra Guzmán Lyon por distintas infracciones realizadas mediante un esquema de operaciones con las sociedades cascadas de SQM que lo llevaron a ganar de manera ilegal US$ 122 millones.
De acuerdo al escrito ingresado a la Corte por el abogado de Guzmán Lyon, Gabriel Zaliasnik, cuestiona que la resolución de la CMF "contiene profundos vicios de legalidad y constitucionalidad".
Indicó que el regulador financiero ha hecho "un ejercicio exorbitante e ilícito de la potestad punitiva del Estado, que, a través de la aplicación de una norma derogada por el legislador, ha pretendido imputar un pago parcial e incompleto de una multa, lo que redunda en cuantiosos intereses y en un verdadero enriquecimiento ilícito para el Fisco de Chile".
Acusó que la CMF, al tratar de imponer un interés mensual por multa a contar de 2014, Guzmán Lyon es "sancionado por litigar" y supuestamente el Decreto Ley 3.538 "era explícito en que el pago de la multa no era exigible si se ejercían los derechos a reclamar de la ilegalidad del acto administrativo".
Así, apuntó que lo obrado por la Comisión es un "atentado al debido proceso y al derecho de defensa es claro".
Los cálculos de la multa
De aplicarse los criterios de la CMF, Guzmán Lyon debería pagar cerca de US$ 3,7 millones solamente en intereses. Esto, pues se aplica un interés de 1,5% mensual desde el onceavo día de la dictación de la multa.
A juicio de los representantes del empresario se "multiplica la multa en cuestión, acrecentándola en más del doble del valor que los tribunales superiores de Justicia estimaron era jurídicamente correcto sancionar a mi representada".
Argumentaron que la Comisión debe considerar que, según la nueva ley (Nº21.000) que creó a la CMF, se deben realizar los pagos de las sanciones dentro del plazo de 10 días hábiles, lo cual ya habría hecho Guzmán Lyon.
De no acatarse esto, la defensa dijo que "constituiría forzosamente una aceptación de que el legislador implementó una desigualdad en la Ley. Decimos desigualdad, puesto que quienes hayan sido sancionados por la exSVS, con anterioridad a la Ley Nº21.000, verán sus multas acrecentadas exponencialmente. Mientras que aquellos particulares que hayan sido sancionados por la continuadora legal de dicha repartición pública, la CMF, optarán a un criterio sustancialmente más favorable de pago, pudiendo ejercer sus derechos a defensa sin temor a un extenso proceso jurisdiccional y al castigo inconstitucional al que se expone mi representada por parte de la CMF".
Recalcó que la actuación de la Comisión "pretende un cobro exorbitante de intereses con una afectación patrimonial evidente".
Cuestionamientos a las gestiones de la CMF
La defensa del empresario detalló a la Corte de Apelaciones que dos semanas después que realizaron el pago de la multa, la CMF inició gestiones con la Contraloría para zanjar cómo debía proceder el pago de los intereses de acuerdo a los últimos cambios legales que llevaron a crear el ente regulador colegiado, tal como reveló DF.
La Controlaría declinó hacer un pronunciamiento debido a que el caso aún se encontraba en tribunales.
Guzmán Lyon criticó que las tratativas de la CMF era "intentar escapar de sus propias competencias constitucionales, legales y estatutarias por la vía de la emisión de un dictamen del Contralor".
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