El buen rendimiento que exhibe el oro está apuntalando a la minería peruana -uno de los principales productores de la región- pero una parte creciente de ese buen momento está quedando fuera del ámbito formal.
Con el metal promediando cerca de US$ 4.500 por onza en 2026 -un 44% más que en igual período del año pasado-, el oro de origen ilegal ya superó al legal y explicó más de la mitad del volumen exportado durante el primer semestre, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El fenómeno ocurre en medio de un año récord para la minería peruana. Entre enero y junio, las exportaciones del sector sumaron US$ 42.221 millones, un 56% más que en igual período de 2025, con el cobre y el oro explicando cerca de 85% de ese incremento.
De acuerdo con el IPE, en ese período el volumen de oro exportado de origen ilegal aumentó 19,4%, mientras que el proveniente de operaciones legales cayó 5,9%. Con ello, la minería ilegal alcanzó el 54% del total exportado. Las cifras están en línea con las del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que situó en 50,5% la participación del oro informal en las exportaciones.
“Cerca de la mitad del oro exportado estaría asociada a flujos ilegales o informales”, dijo a DF el líder del área de economía de GEM Mining Consulting, Patricio Faúndez.
“Perú está recibiendo un fuerte impulso en ingresos y recaudación, principalmente por los buenos precios del cobre y el oro”, sostuvo. Sin embargo, agregó que la minería ilegal también está capturando parte de ese ciclo: “Genera ingresos privados y demanda local, pero evade impuestos y genera externalidades negativas no controladas”, aseguró.
Costos de la ilegalidad
A juicio de Faúndez, una mayor regularización permitiría recuperar parte de esos recursos. En un ejercicio ilustrativo, estimó que si Perú regularizara el 50% de los US$ 16 mil millones en exportaciones de oro ilegal que el IPE proyecta para este año, y se asumiera un margen imponible de 30%, al “aplicar la tasa del impuesto a la renta daría US$ 708 millones al año”.
Para el economista peruano Luis Sánchez, el fenómeno no responde únicamente al atractivo que han alcanzado los precios del metal. “Las causas son estructurales; la informalidad en Perú no mengua, sino parece que se dispara. Entonces, bajo ese contexto también se inserta este problema de la informalidad y de la ilegalidad de la actividad minera”.
A lo que también se suma el impacto ambiental. “Hay un tema de degradación ambiental. Si ya existe con la minería formal, con la ilegal esto se está disparando”, sostuvo Sánchez.
Para el docente de Ingeniería Civil en Minería de la Universidad del Desarrollo, Herman Aguirre, los riesgos son múltiples, pero uno de los principales es que la ilegalidad limita la capacidad de aprovechar plenamente los recursos disponibles.
“Una actividad no regulada impide extraer el máximo potencial de los extensos recursos minerales que dispone el Perú, ya que actividades como la planificación minera y la gestión de operaciones avanzada están ausentes en una extracción ilegal”.
El impacto también alcanza a la inversión minera formal. El IPE advirtió que la actividad ilegal afecta operaciones como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac, además de áreas vinculadas a proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. En conjunto, estos proyectos representan más de US$ 12 mil millones en inversión que estarían en riesgo por el avance de la minería ilegal.
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