El dólar se disparó en Argentina el martes hasta alcanzar un nuevo récord, disparando alertas en medio de un notorio desconcierto en el plano financiero que agravaba la preocupación por las consecuencias en una economía que se desacelera y sufre una galopante inflación.
El debilitado peso argentino, con la búsqueda de cobertura en cualquier activo nominado en dólares, arrastraba al resto de los mercados cambiarios oficiales, pese a los intentos del Gobierno de frenar la tendencia con una constante intervención con bonos para generar oferta de divisas.
El "dólar blue" anotó un nivel récord intradía de 497 pesos argentinos antes de moderar a 495 pesos. Así, disparaba su diferencial con el dólar oficial hasta un 124%. Las consultoras privadas estiman que la inflación en 2023 rondará el 110%.
"Estamos en plena corrida cambiaria, con un banco central que no tiene reservas y la brecha cambiaria se amplía a niveles descomunales que enciende alarmas por todos lados", sostuvo el analista Marcelo Rojas.
La caída diaria del peso informal, de las más fuertes en nueve meses, mientras que la diferencia con el retrasado tipo de cambio oficial es de los más altos desde agosto del año pasado.
El contexto de incertidumbre política a seis meses de elecciones presidenciales y de tensiones económicas se agrava por una histórica sequía, la que impacta las exportaciones de un país líder mundial en la venta de granos.
"El dólar no encuentra un techo y se pide desesperadamente que el gobierno haga algo frente a esta desesperada situación", dijo el economista Miguel Kiguel. "Una forma de frenarlo sería con fondos vía soya o una nueva ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un plan económico creíble", sostuvo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó unos US$ 106 millones a sus golpeadas reservas gracias a la aplicación de un tipo de cambio especial denominado "dólar soya 3'" donde los productores rurales liquidan a 300 pesos argentinos por dólar.
JPMorgan dijo el viernes que Argentina también incumplió su meta fiscal acordada con el FMI para fines de marzo y agregó que el gobierno pedirá una exención formal del Fondo "como también una probable relajación de la meta anual de déficit primario del PIB de 1,9% para 2023 en la próxima revisión".
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