Itaú Corpbanca entregó la semana pasada el informe 20-F a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) al estar dentro del perímetro regulatorio en el país norteamericano por ser emisor público.
En este documento, las empresas deben detallar no solo la evolución de los negocios, sino que también identificar de manera específica los riesgos y sus eventuales impactos.
“Los fondos de pensiones son importantes proveedores de fondos para nosotros y para el sistema bancario chileno”, reconoció Itaú.
En esta versión, el banco reconoció al regulador que “los fondos de pensiones son importantes proveedores de fondos para nosotros y para el sistema bancario chileno en general”.
Hizo ver que de haber cambios legales de los fondos de pensiones “que reducen los fondos disponibles para los fondos de pensiones o restringen su capacidad para invertir en depósitos y valores bancarios, nos llevarían a buscar fuentes alternativas de financiamiento que podrían ser más costosas y, como consecuencia, podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación”.
Asimismo, advirtió que puede tener consecuencias en el negocio y el desempeño financiero del banco “el proceso de reescritura de la constitución en curso en Chile”.
Ahondó que “la continua incertidumbre política, legal y económica de Chile que surge de los disturbios sociales podría tener un impacto adverso en nuestro negocio”.
A un poco más de dos años del estallido social de octubre de 2019, el banco indicó que “si bien el malestar ha disminuido desde entonces, los efectos a largo plazo de este malestar social son difíciles de predecir, pero podrían incluir un crecimiento económico más lento y tasas de desempleo más altas que podrían afectar negativamente nuestra rentabilidad y perspectivas”.
Similares palabras tuvo el accionista controlador del banco, Itaú Unibanco, que también envió la semana pasada su reporte 20-F.
La compañía comandada por Milton Maluhy expresó que “en Chile se seguirá de cerca el trabajo de la Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución, mientras los mercados esperan más señales políticas de la administración recientemente elegida”.
Situación de CorpGroup
La entidad financiera también abordó el proceso de reestructuración judicial que lleva adelante CorpGroup Banking (CGB) tras acogerse en junio del año pasado al Capítulo 11 del Código de Quiebras de EEUU.
El grupo Saieh es el segundo mayor accionista de la firma y tenía al 14 de abril el 14% de la propiedad del banco.
El banco que dirige Gabriel Moura señaló que “aunque no se espera que dicho procedimiento tenga un efecto material adverso para nosotros, no podemos controlar los términos del plan de liquidación de CGB, las opiniones de sus accionistas o acreedores, cualquier decisión del tribunal de quiebras con respecto a su propiedad accionaria en nosotros, o el impacto de dicho procedimiento en el valor de nuestras acciones ordinarias”.
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