Más allá del 6% de cotización adicional, la división de la industria de AFP es una de las materias que ha estado en el centro del debate previsional durante los 18 meses que lleva la reforma de pensiones del Gobierno en el Congreso.
El tema también forma parte de los seis ejes que definieron los senadores de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta junto al Ejecutivo para ordenar la discusión en torno al proyecto de ley.
Si bien pareciera haber consenso entre los distintos sectores políticos respecto de que se deben hacer cambios a la industria para fomentar la competencia, además de algunos mecanismos para alinear mejor los incentivos con los afiliados, la propuesta de división de funciones -de inversión y de soporte- tal como está establecida en la iniciativa de La Moneda, no logra convencer.
El autor del informe dijo que “la propuesta del Gobierno es un cambio radical al sistema porque es un cambio a su institucionalidad de fondo y no mejora las pensiones”.
Un estudio encargado por la Asociación de AFP al economista y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Claudio Bonilla, analizó la eficiencia económica y los efectos en las pensiones de la reorganización de la industria propuesta por el Ejecutivo.
En el documento de Bonilla y Asociados Consultores, el economista concluyó que “no existen razones indirectas para proponer la reorganización industrial del sistema de pensiones”.
A su juicio tendría efectos negativos: “La propuesta de reorganización industrial del sistema parece ser de altísimo riesgo para los afiliados, no solo por el probable aumento en costos del sistema, sino que además por el riesgo de captura de la industria por el sistema político, con todas las fallas del Estado asociadas a dicha captura, y que no contribuye en aumentar las pensiones, objetivo final de cualquier reforma”, consignó el análisis.
Bonilla sostuvo a DF que “la propuesta del Gobierno es un cambio radical al sistema porque es un cambio a su institucionalidad de fondo y no mejora las pensiones. Hay mucha falta de estudio actuarial para las propuestas que se hacen y, a mi juicio, las propuestas son demasiado osadas, arriesgadas, sin los estudios y los cálculos previos”.
Comisiones
El documento consideró que “el ente estatal (gestor del FIP), generaría un doble cobro sobre los fondos de los afiliados, lo cual es muy probable que haga que la pensión final terminara siendo más baja que con la situación actual si todo lo demás en el análisis permaneciera constante”.
Además, estimó que limitar el cobro de comisiones de gestores especializados de fondos -sin considerar la rentabilidad, sumado a la “exposición latente a las fallas del Estado hacen presagiar que la propuesta como un todo no sería la mejor alternativa para aumentar las pensiones”.
El PhD en economía de la Universidad de Texas, señaló que “si el Estado tuviera una AFP o un Inversor de Pensiones estatal y compitiera con las reglas del juego claras y fuera neutralmente competitivo como se describe en el informe, ningún problema, la gente elige qué es lo que le gusta y quizás hay personas que prefieren irse al Estado”.
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