AFP UNO, empresa que inició sus operaciones en 2019 y se convirtió así en la administradora más nueva del sistema previsional chileno, fue la primera en salir a respaldar, este viernes, los avances logrados en el Congreso en la reforma de pensiones.
“Permanentemente hemos participado de forma activa en la búsqueda de consensos y mejoras que permitan robustecer el sistema previsional del país. Por eso, hoy celebramos que haya un acuerdo alcanzado con una Comisión Técnica que aportó lo necesario para que fuera posible el diálogo político”, señaló la administradora a través de un comunicado.
“Consideramos que las indicaciones presentadas, a diferencia del proyecto original, significan una mejora sustancial y sustentable a las pensiones y al sistema previsional. Si bien hay aspectos en los que no estamos de acuerdo, junto con ser conscientes de la enorme cantidad de desafíos que significará adaptarnos, reiteramos nuestro apoyo”, recalcó.
Sin embargo, pese a los avances, la aseguradora hizo un llamado a “poner atención en algunos aspectos importantes de la propuesta actual, que podrían impactar su implementación”.
Aspectos a mejorar
En ese sentido, destacó cinco elementos, el primero de ellos referido a los plazos de implementación de la reforma, a los que calificó como “desalineados”, señalando que “no conversan entre ellos”.
Junto con ello apuntó a una “cartera de referencia exógena”, en relación a la inclusión de instrumentos ilíquidos chilenos, que podría generar efectos contrarios a los esperados, afectando negativamente la rentabilidad de los fondos de pensiones.
En cuanto al regulador del sistema, señaló que “es indispensable” que la Superintendencia de Pensiones pase a formar parte de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), “al igual que lo hizo la SBIF, para garantizar una supervisión integrada”.
Respecto de los fondos generacionales, pidió autorizar la creación de fondos “puros” que permitan alcanzar mayor rentabilidad y facilitar la transferencia de activos.
Finalmente, en lo relativo al rol del Instituto de Previsión Social (IPS), señaló que “la autorización para que el IPS provea servicios actualmente gestionados de manera eficiente, significa un uso innecesario de recursos escasos que se podría emplear de mejor manera en beneficio de los trabajadores”.
En este sentido recordó que se trata de un proyecto de alta complejidad “cuyas implicancias son enormes”.
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