Este jueves comenzó a operar la regulación a los asesores financieros previsionales, que busca supervisar a firmas que, entre otras actividades, sugieren cambios de fondos.
Pese a que este nuevo marco regulatorio fue aplaudido por los asesores previsionales "tradicionales", un aspecto de la nueva normativa los tiene en franca disputa con la Superintendencia de Pensiones, situación que incluso los llevó a la justicia.
A fines de mayo, el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, envió un oficio al gerente general del Sistema de Consulta de Ofertas y Montos de Pensión (SCOMP), Leonardo Vilugrón, a las AFP y al gremio de las administradoras, con el objetivo de informarles que a partir del 1 de julio se modificaría el cálculo de las comisiones de los referidos asesores por prestar sus servicios.
El cambio establece que los honorarios totales por concepto de asesoría previsional a los pensionados de rentas vitalicias no podrán superar el 1,5% de los fondos de la cuenta de capitalización individual destinados a pensión, ni podrán exceder un monto equivalente a las UF 60. Anteriormente, la cifra era de un 2% de los recursos, también con un máximo de UF 60.
En el caso de las asesorías a pensionados por retiro programado, se mantuvieron los cobros de 1,2% de los fondos destinados a pensión, con un tope de UF 36.
"La modificación legal afectará el cálculo de los honorarios por concepto de asesorías previsionales, por lo que se instruye la realización de las adaptaciones necesarias para la realización de dicho cálculo en el SCOMP", indica el Oficio Nº15.110.
Ante ello, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP), liderada por Ann Katharine Clark, tomó cartas en el asunto y se reunió el 17 de junio con Macías para discutir acerca del mencionado documento, según se detalla en el sitio web de la Ley de Lobby de la Superintendencia de Pensiones.
El recurso de protección
Ayer, la AGAP pasó a la ofensiva e ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del regulador previsional, para dejar sin efecto el oficio.
El principal argumento de los asesores es que la normativa transgrede el Decreto Supremo Nº 26 del Ministerio del Trabajo, emitido en julio del año pasado y publicado en octubre en el Diario Oficial, que establece que la comisión máxima a cobrar por los asesores previsionales es de 2% de los fondos en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, lo que se mantendría hasta septiembre de 2022.
Señalan que la dictación del oficio por parte de la Superintendencia de Pensiones es "una actuación ilegal y arbitraria, ya que por la interpretación administrativa entiende derogado tácitamente el citado Decreto Nº26 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, que estableció en su artículo 1º un límite de 2% de las comisiones por asesoría previsional, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de septiembre de 2022".
Agregan que el derecho de propiedad de los asesores también se ve transgredido con el oficio del regulador.
"Los miembros de nuestra asociación incorporaron a sus patrimonios un derecho, correspondiente al porcentaje límite a percibir por. el desarrollo de sus servicios, el que se percibe por cada una de las asesorías que realizan, lo cual no era una mera expectativa, ya que durante la vigencia del citado decreto los honorarios que se reciben son los fijados por aquél", acota el documento.
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AFP
