La Superintendencia de Pensiones informó en la tarde de este jueves, a través de un comunicado, que emitió un oficio hoy con instrucciones para la segunda etapa de implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En esta ocasión, el regulador estableció que las AFP y el Instituto de Previsión Social (IPS) deberán evaluar durante abril la situación de las y los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez que en febrero no migraron automáticamente a la PGU, debido a que el monto de su Pensión Final Garantizada era superior a $ 185 mil.
En la primera etapa de implementación del beneficio, 1.360.000 personas recibieron la PGU en reemplazo de la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez e invalidez, y de los APS de vejez e invalidez.
Según las estimaciones de la Superintendencia, en mayo otras 300 mil personas serán asignadas de manera automática por el IPS al beneficio de mayor valor entre mantener el monto del APS de vejez o incorporar el beneficio de la PGU. Se entenderá por mayor valor al monto que, en valor presente, otorgue mayores pensiones finales a la o el beneficiario. El valor presente, a su vez, se entiende como una estimación, a valor actual, de todas las pensiones y beneficios que recibirá una persona a lo largo de su vida.
Para lo anterior, la AFP deberá calcular el valor actualizado de las dos alternativas de beneficio para cada persona, informando el resultado al IPS. Con esto, la entidad pública asignará el beneficio de mayor valor y comenzará a pagarlo desde mayo próximo.
En ese sentido, el regulador señaló que instruyó que los beneficios sean asignados de manera automática por el IPS, sin necesidad de que las personas presenten una solicitud.
El IPS tendrá hasta el 30 de abril de 2022 para comunicar a las personas el beneficio que les fue asignado, precisando, además, que se consideró la opción que se estimó más conveniente para ellas. Sin embargo, la o el beneficiario puede optar por recibir la otra alternativa. Para esto, debe solicitar el cambio ante el IPS con plazo máximo hasta el 30 de abril de 2023.
Próximas etapas
Según la ley aprobada, la implementación de la PGU tiene dos etapas.
A partir del 1 de junio, tanto las AFP como las compañías de seguros de vida dejarán de pagar la PGU y en adelante será el IPS el que comience el pago del beneficio estatal a todo el universo de beneficiarios, incluidos las y los pensionados por retiro programado en una AFP y de rentas vitalicias en las compañías de seguros de vida.
En julio de 2022, en tanto, corresponderá el primer reajuste del monto de la PGU, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero-mayo 2022.
A más tardar el 1 de agosto próximo, los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda dictarán, de manera conjunta, el Reglamento de la Ley N° 21.419 que define el instrumento Técnico de Focalización mediante el cual se identificará a las personas que no integran un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 y más años.
Luego, en agosto próximo aumentará la cobertura del beneficio hasta el 90% más vulnerable de la población de 65 años o más, incluyendo a quienes no están pensionados. En el caso de las y los pensionados de invalidez la cobertura llegará al 80%. En conjunto, con esta mayor cobertura unas 670.000 personas podrán acceder a los beneficios, para lo cual deben solicitarlos en el IPS.
Asimismo, entrará en vigencia el aumento del valor del Subsidio de Discapacidad Mental, desde los actuales $ 77 mil, a un valor equivalente a la mitad del monto de la PGU.
También se incorporarán al subsidio las personas con discapacidad física o sensorial severa, al tiempo que subirá la cobertura de este subsidio desde el 40% más vulnerable de la población al 60%.
Liquidación de pagos
El oficio emitido por el regulador señala que las y los pensionados que mantengan APS de vejez seguirán recibiendo el pago del beneficio por parte de la actual entidad pagadora de pensión.
A quienes recibirán PGU les pagará directamente el IPS desde junio de 2022. Para eso, podrá celebrar convenios con una o más entidades públicas o privadas que garanticen cobertura nacional.
Los descuentos correspondientes a cotización de salud, exceso de salud por sobre el 7%, comisiones, impuestos, préstamos de salud, aportes y/o préstamos con cooperativas de ahorro y crédito y cajas de compensación de asignación familiar, retenciones judiciales u otros descuentos (operacionales), deberán ser pagados por la entidad pagadora de pensión contributiva.
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