Preocupados están en la industria aseguradora por la moción parlamentaria que permitiría retirar un 10% de las rentas vitalicias, producto ofrecido por este sector y que compite con el retiro programado de las AFP.
La tensión se explica porque, a diferencia de las AFP, las personas que optan por una renta vitalicia firman un contrato con las aseguradoras transfiriendo la propiedad de sus fondos de pensiones a cambio de obtener una pensión en UF hasta su muerte. Así, estos recursos pasan a ser parte del patrimonio de las compañías de seguros.
La inquietud del sector se ha traducido en intentar convencer a las autoridades de que esta idea parlamentaria no va por un buen camino. Por ello, la Asociación de Aseguradores (AACH) ha sostenido varias reuniones con personeros del gobierno, según consta en los registros de audiencias de la Ley de Lobby.
El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Mario Gazitúa.
La primera fue con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, el 15 de octubre. Por el gremio asistió su presidente, Mario Gazitúa, acompañado del vicepresidente, Jorge Claude. También participó del encuentro el presidente de la rama de Vida de la Asociación, Alejandro Alzérreca, quien además es gerente general de Seguros de Vida en Security.
"Se presentaron ante la Ministra del Trabajo y Previsión Social, representantes de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. con el fin de dialogar sobre el Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro excepcional de fondos acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias y el Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir el pago anticipado de pensiones contratadas en modalidad de rentas vitalicias", describe el registro de la audiencia.
Los mismos representantes gremiales visitaron, mediante ley de Lobby, el 20 de octubre al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La reunión se realizó pocos días antes de la votación en la Comisión de Constitución de la idea de legislar del mencionado proyecto.
Con el regulador
Los aseguradores no solo socializaron sus preocupaciones sobre la iniciativa con representantes del Ejecutivo, sino que también con los reguladores.
El 21 de octubre, los miembros de la AACH se entrevistaron con el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, y con el intendente de Seguros, Daniel García.
Eso sí, Gazitúa, Claude y Alzérreca no fueron solos, ya que esta vez fueron acompañados de otros actores relevantes de la industria aseguradora de vida: el gerente general de MetLife Chile, Andrés Merino, y el presidente de EuroAmerica Seguros de Vida, Henry Comber.
Al encuentro también llegó la nueva comisionada del Consejo de la CMF, Bernardita Piedrabuena.
¿Materias a tratar? Los proyectos de reformas constitucionales sobre retiro de fondos previsionales; el proyecto de ley sobre transparencia de los agentes de mercado; y la reforma de pensiones.
Las armas legales de los inversionistas
Con todo, si el proyecto no continúa como lo esperan desde la industria, los inversionistas de las compañías de seguros de vida tienen herramientas legales a las que pueden acudir.
De acuerdo con el abogado de Barros & Errázuriz, José Luis Corvalán, las distintas "armas" legales que pueden usar de aprobarse la iniciativa dependerá si son inversionistas extranjeros o nacionales.
"En el caso de los extranjeros en la medida en que sus países de origen hayan suscrito con Chile un Tratado de Protección de Inversiones o un Tratado de Libre Comercio que cuente con un capítulo de protección de inversiones - los que por lo general contemplan disposiciones que protegen las inversiones ante expropiaciones o regulaciones con efecto expropiatorio – éstos podrían iniciar un arbitraje internacional en contra del Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) o en conformidad a las reglas que contemple el tratado respectivo, solicitando la compensación de los daños causados", explica.
En el caso de los nacionales, podrían iniciar acciones ante la justicia chilena, persiguiendo la responsabilidad patrimonial del Estado.
En tanto, el socio de Molina Ríos, Carlos Molina, señala que este retiro podría "constituir un cambio en las reglas del juego" y señala que los inversionistas podrían ir al Tribunal Constitucional o recurrir a los tratados internacionales que tiene suscrito el país.
El socio de Labbé Abogados, Alberto Labbé, añade otra herramienta a utilizar. Según el experto en derecho del seguro, los inversionistas también podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que se estaría vulnerando su derecho a la propiedad privada.
"Pueden incluso demandar al Estado de Chile, porque el Estado tiene el deber de cumplir con los derechos humanos. A veces, por política, se tiene a olvidar que el derecho a la propiedad es un derecho humano. Si un inversionista es afectado puede ir a la CIDH, ya que el Estado estaría afectando un derecho humano", explica.
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