Se entrampan los cambios al seguro de cesantía y Ley de Empleo: habrá comisión mixta

La Cámara de Diputados envió a tercer trámite el proyecto de ley del Gobierno que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones del seguro de cesantía, además de mejorar los beneficios de la Ley de Protección del Empleo.

La normativa deberá volver al Senado debido a que en la comisión de Trabajo de la Cámra Baja se aprobó una indicación de la oposición -que respaldó también la Sala- que incluye como beneficiarias del seguro a las trabajadoras de casa particular, aunque estas no hayan cotizado en el sistema. Además, se eliminó el monto mínimo del aporte -que era 55%-, lo que deberá ser zanjado en una comisión mixta.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, desestimó la solución propuesta para las trabajadoras de casa particular y advirtió que "se produce una situación que es muy compleja".

La autoridad explicó que el fondo solidario ha sido construido con las cotizaciones previsionales de los trabajadores que tienen derecho a este seguro (temporeros, etc). "No estamos diciendo que no hay que darle una solución al problema. Concuerdo que la solución no puede ser para mañana y, por eso, se están incorporando al IFE y se hicieron las modificaciones", indicó.

La presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, señaló que la Ley de Protección al Empleo es "mala y el Gobierno lo sabe (...) Por eso, me alegra que vayamos a comisión mixta, porque nos abre la puerta que Hacienda nos cerró en la cara, para lograr que nadie gane menos del sueldo mínimo en esta pandemia". Explicó que "en el caso de las trabajadoras de casa particular, me alegra que sigamos avanzando para que puedan acogerse a la Ley de Seguro de Desempleo sin las discriminaciones actuales".

Suben suspendidos

Hasta el 16 de agosto, según la Superintendencia de Pensiones, las empresas que han solicitado acogerse a la legislación ya suman 117.089, más de mil firmas sobre lo informado hace una semana.

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Al desglosar el dato, 84.460 instituciones lograron un pacto de suspensión con sus empleados, mientras que 45.016 lo sustentaron en un acto de autoridad.

Hasta la fecha, los trabajadores autorizados acogidos a la ley y cuyos contratos se han suspendido suman 722.615, un salto relevante de más de 12 mil contratos respecto a la semana previa.

Por rubro, el comercio sigue liderando con 167.072 suspensiones (23,1% del total), secundado por construcción con 152.092 (21%).