Como un verdadero balde de agua fría recibieron en el mundo agrícola los nuevos roles de contribuciones que publicó durante abril el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que dio cuenta de un incremento de un 44% en el avalúo fiscal de los terrenos y derivó en un alza en la cuota trimestral del impuesto territorial de un 9,2%.
Tanto así, que se convirtió en uno de los principales temas de conversación al interior de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en las últimas semanas, según relata el presidente del gremio, Antonio Walker, quien anuncia que están preparando una serie de medidas para presentar al servicio y así pedirle corregir los nuevos valores de los terrenos.
“Con sorpresa recibimos el incremento del avalúo de bienes raíces agrícolas, ya que la misma ley indica que en el proceso las principales consideraciones para alzas o rebajas en las valorizaciones de los suelos agrícolas tendrán que ver con su capacidad potencial de uso actual”, señala el exministro de Agricultura.
“Con sorpresa recibimos el incremento del avalúo de bienes raíces agrícolas, ya que en el proceso las principales consideraciones para alzas o rebajas en las valorizaciones de los suelos agrícolas tendrán que ver con su capacidad potencial de uso actual”.
Datos que -al parecer- no cuadran
En su análisis, la SNA plantea una serie de dudas respecto al resultado del avalúo y la situación económica de algunas zonas.
Por ejemplo, en la Región Metropolitana hay 20 de las 25 comunas con mayores incrementos de reavalúo de suelos agrícolas de riego.
“¿Es posible que la Metropolitana tenga las tierras agrícolas más productivas de Chile? Si consideramos que dentro de estas 20 comunas están La Reina, Peñalolén, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Huechuraba, pareciera que los terrenos más valorizados tienden a concentrarse cerca de centros urbanos, por lo cual debería revisarse la metodología de valorización”, dice Walker.
Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Foto: Julio Castro
Otro ejemplo: en la Región de Coquimbo se ha visto un aumento promedio del valor de los terrenos agrícolas del 70% en términos reales, “lo que es difícil de entender considerando la grave sequía que se arrastra por 15 años, y que se refleja en la disminución del 41% de la superficie de riego entre 2007 y 2021”, dice el exministro.
Adicionalmente, plantea que en La Araucanía los predios agrícolas en promedio han subido 29%, pese a que muchos productores no pueden trabajar la tierra por problemas de seguridad. “Desde el 2021 hay más de 47 mil denuncias vinculadas a la violencia rural. ¿No debería bajar el precio del suelo cuando se enfrentan permanentemente estas situaciones?”, se pregunta el titular de los agricultores.
El presidente de la SNA también menciona lo que en el gremio consideran “falencias” en el proceso de reavalúo de los bienes raíces agrícolas.
“Por ejemplo, no coincidimos en que la capacidad de potencial productivo de los predios haya aumentado en el guarismo promedio que resultó, en especial en algunas zonas agrícolas del país”, agrega.
Así, recuerda que los elementos que se pueden impugnar ante la autoridad son la determinación errónea de superficie; la aplicación errónea de tablas de clasificación, así como la superficie de las diferentes calidades del terreno; los errores de transcripción, copia o cálculo de avalúo; y la inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos, con ocasión de mejoras costeadas por los particulares, en los casos que dicho mayor valor deba ser excluido.
Llamado a parlamentarios
Con este telón de fondo, el gremio hizo un llamado a sus asociados para que se comuniquen con los parlamentarios de sus regiones.
¿Para qué? “No solo para que soliciten al SII explicaciones y/o rectifique su metodología de avaluación de terrenos, sino que también para que requieran al Ejecutivo para que adopte medidas concretas para alivianar esta pesada carga tributaria en las zonas de catástrofe como Coquimbo, La Araucanía y otras”, explicita Walker. También la SNA está entregando asesoría legal para el proceso. El plazo de reclamo administrativo vence el 19 de junio.
“Nuestro llamado a los afectados es a asesorarse con especialistas, porque podría haber otras vías de impugnación”, cierra el dirigente gremial.
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