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Alto contraste
Catalina Binder
Chile no necesita solamente aprobar más proyectos de inversión. Necesita ejecutarlos en plazos razonables, con certeza jurídica y sin debilitar la protección ambiental ni el acceso a la justicia.
Las cifras publicadas por Diario Financiero revelan una paradoja. Entre enero y agosto se aprobaron ambientalmente 219 iniciativas por US$40.162 millones. De ellas, trece megaproyectos representan US$30.124 millones. Sin embargo, ocho -el 61,5%- enfrentan o han enfrentado reclamaciones administrativas.
La aprobación ambiental no garantiza que un proyecto pueda ejecutarse. Puede abrirse una etapa de reclamaciones y litigios de duración incierta. El problema no es que existan mecanismos de revisión, indispensables en un Estado de derecho, sino que su funcionamiento pueda prolongar por años la incertidumbre jurídica.
“La protección ambiental y el acceso a la justicia son irrenunciables, pero también lo es la responsabilidad del Estado de entregar decisiones oportunas”.
Cada año de demora tiene un costo económico muy concreto. Aumentan los gastos financieros y de construcción, cambian los precios de equipos y materiales, deben actualizarse ingenierías y renegociarse contratos. Un proyecto viable al obtener su autorización puede dejar de serlo años después.
Además, el inversionista incorpora ese riesgo a su decisión. La incertidumbre eleva el costo del capital, posterga decisiones y puede desviar inversiones hacia países con reglas y plazos más previsibles.
Por eso, el desafío no es elegir entre inversión y medio ambiente. Es contar con evaluaciones rigurosas y procedimientos capaces de producir decisiones fundadas, oportunas y suficientemente estables.
Debe reconocerse el esfuerzo de la autoridad ambiental por agilizar las evaluaciones y mejorar la gestión. Pero ese avance será insuficiente si, después de obtener una RCA favorable, los proyectos siguen expuestos a períodos inciertos de reclamación administrativa o judicial.
La experiencia internacional orienta. Reino Unido ha impulsado reformas para evitar que impugnaciones manifiestamente carentes de mérito demoren grandes proyectos. Canadá busca acotar los tiempos de las aprobaciones federales, manteniendo sus exigencias ambientales y de consulta. Y Australia avanza hacia evaluaciones más claras, consistentes y eficientes.
No se trata de restringir el derecho a reclamar, sino de mejorar las decisiones y resolver controversias. Chile requiere evaluaciones técnicamente sólidas, coordinación entre organismos, plazos claros y efectivos y tribunales especializados con recursos suficientes. También procedimientos que distingan las controversias sustantivas de las impugnaciones sin fundamento, resguardando siempre el debido proceso.
Chile no puede seguir celebrando miles de millones de dólares en inversiones aprobadas mientras la incertidumbre impide que se transformen en obras, empleo y crecimiento. La protección ambiental y el acceso a la justicia son irrenunciables, pero también lo es la responsabilidad del Estado de entregar decisiones oportunas y certeza jurídica. Un país que aprueba inversiones, pero no logra que se ejecuten en plazos razonables, no solo pierde proyectos: pierde competitividad, oportunidades de desarrollo y confianza en sus instituciones.
