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Alto contraste
Gabriela Clivio
Después de meses de esperar señales, empezamos a verlas. El Imacec de junio sorprendió con un alza de 2,4% anual, y anotó el primer dato positivo después de cinco meses. Si bien el mercado proyecta un crecimiento de 1,3% para el 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que Chile crezca un 2,6% en el año 2027, cifra superior al 2,3% de los años 2020-2025. Es cierto, que son brotes verdes, y no una primavera, pero eso ya marca una diferencia con respecto a la parálisis de los últimos años.
Esta reactivación tiene nombres y apellidos: la minería y la Ley de Reconstrucción Nacional, que el Congreso ya despachó con la rebaja del impuesto de primera categoría a 23% y la reintegración tributaria aprobadas. Detrás de esta Ley viene la segunda apuesta de Hacienda: la reforma al mercado de capitales, que liberaría entre US$ 950 y US$ 1.000 millones de capital en la banca. Esto no es un tecnicismo regulatorio menor. Es capital prestable inmovilizado y que, bien canalizado, puede financiar el crecimiento de Chile.
En materia de seguridad, también avanzamos, aunque no siempre por el camino más prolijo. La reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción para el crimen organizado y que ingresó al Senado a mediados de agosto con ajustes cuenta, de acuerdo a Criteria, con un 55% de respaldo ciudadano. Mientras tanto, en lo que va del año ya hay un 18,7% menos de homicidios con respecto al año anterior, 7.000 casos menos de robos violentos, y las incautaciones de droga alcanzan a mitad de año al 75% del total decomisado en todo el 2025. La forma, los ajustes de último minuto, y un Ejecutivo cediendo artículos para juntar votos, son todos factores discutibles; pero el fondo, no lo es. Se debe perseguir con más herramientas al crimen organizado y esta tarea por fin se está abordando.
“No hay reforma tributaria, agenda de seguridad ni ley de mercado de capitales que compense una emergencia laboral de esta magnitud”.
¿Qué queda al debe? El mercado laboral. La desocupación nacional alcanzó el 9,4% en el trimestre abril-junio, su nivel más alto en cinco años, y la tasa combinada de desempleo y subempleo involuntario se encuentra en 15,9%. Entre los jóvenes de 15 a 24 años el desempleo bordea el 24-25%, y llegando a casi 28% entre mujeres jóvenes: uno de cada cuatro no encuentra trabajo, y quienes buscan empleo por primera vez, creció 16,4% en doce meses. El problema es la destrucción de empleo, y la incapacidad de la economía para absorber a quienes entran por primera vez a la fuerza de trabajo. Como si esto no bastara, la informalidad laboral subió a 27,0% en el trimestre abril-junio, la segunda cifra más alta en casi dos años, con 2,54 millones de personas trabajando sin protección social. No hay reforma tributaria, agenda de seguridad ni ley de mercado de capitales que compense una emergencia laboral de esta magnitud si no se enfrenta de manera directa. Ahí es donde la inversión en infraestructura deja de ser una política sectorial y puede convertirse en una palanca. Chile ha invertido en promedio apenas un 4% del PIB en infraestructura pública en las últimas dos décadas, cuando el referente internacional recomendado ronda el 5%. Cerrar esa brecha significaría cerca de US$ 3.500 millones adicionales de inversión al año y esta inversión es intensiva en generación de empleo. Da para pensarlo.
