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Alto contrasteEl árbitro amenazado
JUAN IGNACIO BRITO Profesor de la Facultad de Comunicación e investigador en el Centro Signos de U. ANDES
Juan ignacio Brito
El deterioro del respeto al Estado de Derecho a nivel global es una tendencia que ya tiene años. Queda de manifiesto en índices como los elaborados por el World Justice Program o el proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem). Una de sus expresiones más obvias es la pérdida de independencia del Poder Judicial en países que hasta hace poco eran democracias impecables.
A medida que la polarización política se profundiza y expande a lo largo del mundo, la tentación de sectores partidistas por controlar o condicionar la acción de la justicia se hace cada vez más irresistible. En muchas democracias la opinión pública y la contienda política se han dividido en dos sectores muy marcados que proponen proyectos opuestos y poseen visiones alternativas respecto de aspectos cruciales para la convivencia. Esto va acompañado del vaciamiento del centro político, lo cual exacerba aún más las diferencias entre bloques contrarios.
En algunos casos, cuando un sector logra imponerse de manera clara sobre otro, la autonomía del Poder Judicial se ve afectada. Es lo que ocurre, por ejemplo, en México, donde el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha conseguido mayorías electorales sucesivas que le han entregado el control del Ejecutivo y el Legislativo. La hegemonía sin rival de Morena facilitó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) aprobara una cuestionada reforma para elegir por votación popular a los jueces (incluidos los de la Corte Suprema). La primera parte de la elección se realizó en 2025 y en ella participó apenas 13% del padrón electoral. La segunda está prevista para 2028.
“La instrumentalización del Poder Judicial constituye un riesgo para el Estado de Derecho y puede generar conflictos mayores”.
A diferencia de lo que ocurre en México, en muchos otros países la polarización mantiene una suerte de empate entre posiciones adversarias. Eso conduce a un bloqueo político que a menudo se traduce en una sorda lucha entre gobierno y oposición. En esas condiciones, ganar influencia -o incluso control- sobre el Poder Judicial puede resultar decisivo.
La administración de justicia, antes considerada un árbitro imparcial entre partes en disputa, deviene de esta manera en actor político decisivo, inclinándose en favor de una de las partes en disputa y colaborando en la consolidación de su posición de poder. La función judicial se desnaturaliza y la institucionalidad se resiente.
Es lo que se ha visto en los últimos años en Brasil, donde las designaciones de jueces del Tribunal Supremo Federal se han realizado con un estricto sentido partidista. El presidente Lula da Silva, por ejemplo, designó en ese tribunal a su ex ministro de Justicia y a su abogado personal. Fue este último el que, de manera muy polémica, decidió aplazar el cierre de mesas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. También Jair Bolsonaro nombró jueces afines en altos cargos mientras ocupó el Palacio de Planalto.
La instrumentalización del Poder Judicial constituye un riesgo para el Estado de Derecho y puede generar conflictos mayores, como el que está teniendo lugar en Polonia. Allí, el gobierno del primer ministro europeísta Donald Tusk usó a una jueza del Tribunal Constitucional para tratar de deponer por la fuerza este fin de semana al presidente de esa instancia, quien había sido designado por el hoy opositor partido nacionalista Ley y Justicia cuando estuvo en el poder. El impasse aún no se resuelve y la oposición acusa a Tusk de organizar un golpe de Estado.
Convertida en botín político por sectores políticos opuestos, la independencia del Poder Judicial se encuentra amenazada en muchas democracias.
