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Alto contrasteLos costos de la delincuencia, un impuesto que pagamos dos veces
NELSON SALAS STEVENS Abogado penalista
Como sociedad, solemos analizar la delincuencia como un problema social, cultural e incluso educacional. El debate suele centrarse en la seguridad ciudadana, la igualdad de oportunidades, las políticas penitenciarias, la reinserción y las reformas legislativas orientadas a endurecer las penas. Pero las cifras revelan una dimensión que suele pasar inadvertida. Hace tiempo que la delincuencia dejó de ser un problema exclusivamente policial o judicial y se convirtió también en uno económico, que afecta el bolsillo de todos los chilenos, incluidos quienes nunca han sido víctimas de un delito. Según CLAPES UC, el gasto asociado a la delincuencia en 2025 alcanzó los US$ 10.540 millones, equivalentes al 3,03% del PIB, frente al 1,99% de 2013. Es decir, en apenas doce años, el costo de perseguir, prevenir y soportar las consecuencias del delito aumentó en más de un punto porcentual del PIB.
Sin embargo, lo más revelador de este estudio no es cuánto le cuesta al país la delincuencia, sino quién paga la cuenta. Contrariamente a lo que podría suponerse, de los US$ 10.540 millones, cerca de US$ 8.200 millones fueron asumidos por el sector privado y no por el público. De hecho, la carga privada pasó del 1,21% al 2,36% del PIB entre 2013 y 2025, mientras que la pública se mantuvo relativamente estable.
“Hace tiempo que la delincuencia dejó de ser un problema exclusivamente policial o judicial y se convirtió también en uno económico”.
La paradoja es evidente. Por una parte, los ciudadanos financian, mediante sus impuestos, todo el aparato estatal que se activa frente a un delito. Policías, cuarteles, fiscales, defensores públicos, jueces, gendarmes e incluso el eventual encarcelamiento del imputado. Pero, como si aquello no fuera suficiente, deben volver a pagar para protegerse mediante alarmas, cámaras, guardias privados y otros sistemas de seguridad cada vez más sofisticados. En definitiva, los ciudadanos pagan dos veces. Primero, para financiar al Estado que debe protegerlos y luego para intentar protegerse por sus propios medios.
Reflejo de lo anterior es el considerable aumento del gasto privado en seguridad, que pasó de US$510 millones en 2013 a US$4.067 millones en 2025. Pero hay algo todavía más preocupante. Mientras la seguridad pública debe protegernos a todos por igual, la privada depende de la capacidad económica de cada uno. Quien más tiene, más y mejor se protege.
A lo anterior se suma otro costo que las cifras difícilmente reflejan, el de las decisiones que impone el miedo. El negocio que nunca abrió, la inversión que se postergó, la familia que dejó de ocupar el espacio público. Decisiones silenciosas, difíciles de cuantificar, pero cuyas consecuencias económicas son tan reales como aquellas que podemos medir.
En definitiva, ya no basta con preguntarse cuánto destina el Estado a combatir la delincuencia, sino también cuánto deben gastar los ciudadanos para protegerse de ella. A la luz de estas cifras, queda claro que las consecuencias económicas de la delincuencia no recaen únicamente sobre quienes sufren directamente un delito o sobre el Estado, sino también sobre quienes deben destinar parte de sus recursos en protegerse.
