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Alto contrasteEEUU está redefiniendo quién es un proveedor confiable
MATÍAS PINTO Partner Geogig Consulting
Matías Pinto
“Proveedor confiable” parece un concepto técnico. No lo es.En los últimos meses, la expresión -o al menos su lógica- ha ganado espacio en los instrumentos que Estados Unidos viene impulsando con distintos países. Chile no es la excepción. El Escudo de las Américas incorpora la idea de “proveedores confiables” para infraestructura digital y la conecta con otras herramientas de seguridad económica, como el investment screening y la protección de cadenas de suministro estratégicas. El memorándum sobre minerales críticos firmado en abril sigue la misma lógica, al buscar cadenas “seguras y resilientes”. Y todo indica que ese enfoque estará presente en el eventual Acuerdo de Comercio Recíproco.
Por eso vale la pena detenerse en qué significa este concepto.EEUU ha desarrollado la idea de “proveedor confiable” como parte de su estrategia de seguridad económica. Busca reducir riesgos derivados de dependencias tecnológicas, infraestructura crítica y cadenas de suministro, en el marco de su competencia con China. Bajo esta lógica ya no basta con preguntarse cuánto cuesta una tecnología, si funciona o si una empresa cumple con la regulación. También importa quién controla al proveedor, de qué país proviene y qué vulnerabilidades puede generarse.
“El problema es que Chile está adoptando el concepto sin haber definido qué significa para nosotros”.
El problema es que Chile está adoptando el concepto sin haber definido qué significa para nosotros. ¿Qué criterios deberían definir a un proveedor confiable en Chile? ¿Ciberseguridad, transparencia, continuidad operacional, país de origen? ¿Existe hoy alguna norma que establezca esos parámetros? ¿Tenemos las capacidades técnicas e institucionales para evaluar esos riesgos autónomamente o terminaremos dependiendo de lo que nos digan terceros países?No son preguntas teóricas. Pongamos el caso del “cable chino”. ¿Podemos determinar, con nuestros propios criterios y capacidades técnicas, si ese proveedor y esa tecnología cumplen o no con nuestros estándares de seguridad? ¿Tenemos la capacidad para evaluar y, eventualmente, rebatir las conclusiones que nos entregue un tercer país?Esa es precisamente la discusión que falta. Si Chile va a incorporar el concepto de “proveedor confiable”, debe contar con criterios propios y con la capacidad técnica e institucional para aplicarlos. Pero antes también debe definir qué riesgos concretos quiere enfrentar y si vale la pena asumir el costo de construir esa institucionalidad en una economía cuya fortaleza ha descansado precisamente en su apertura y en la capacidad de relacionarse con distintos socios.Por eso, la definición importa. Determinar quién es o no un proveedor confiable puede terminar definiendo quién puede competir, invertir o proveer tecnología en Chile, con consecuencias directas para los principios de no discriminación presentes en nuestros acuerdos comerciales, para la libre competencia y también para la neutralidad tecnológica.El problema no es incorporar consideraciones de seguridad nacional. Es hacerlo sin una definición propia y terminar aplicando, por defecto, la de otros países.
