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Alto contrasteModernización del Estado: la etapa previa que estamos olvidando
No cabe duda que el país requiere de recursos adicionales...
No cabe duda que el país requiere de recursos adicionales para financiar una reforma educacional profunda. Existe un consenso generalizado de que una política efectiva, que mejore y fortalezca la educación, es realmente el camino correcto para emparejar la cancha de las clases sociales más necesitadas, entregarles oportunidades ciertas de movilización social y reducir la brecha de desigualdad que exhibe la sociedad chilena. En este contexto, la discusión de una reforma tributaria es comprensible y necesaria para una economía como la chilena que ha ido avanzando hacia etapas de desarrollo más elevadas.
Sin embargo, las fuertes diferencias que han surgido en torno a la magnitud de los recursos requeridos no sólo sorprenden, sino que reflejan una falta de claridad absoluta respecto del objetivo buscado. En particular, el gobierno ha planteado la necesidad de recaudar US$ 700 millones a US$ 1.000 millones; la Concertación apunta a un monto de US$ 7.000 millones; y la propuesta CEP-Cieplan habla de cifras en torno a US$ 5.000 millones. ¿Cómo puede ser posible que exista tanta varianza en los montos a recaudar? Las explicaciones a esto se encontrarían, por una parte, a las distintas dimensiones de la reforma educacional que está contemplando cada una de las propuestas tributarias y, por otra, a la diferente profundidad de reforma tributaria que pretende lograrse con cada propuesta, más allá del financiamiento de la reforma educacional, sobre todo en lo que se refiere a avanzar en mejorar la equidad, la eficiencia y la progresividad del esquema tributario vigente.
Más que discutir cuál debe ser el sistema tributario óptimo para nuestra economía -cuestión que sobrepasa este breve comentario-, lo que realmente ha quedado en el olvido son nada menos que los principios básicos de cualquier política pública bien hecha. En primer lugar, resulta evidente la necesidad de evaluar cuántos son los recursos que realmente se necesita para la reforma educacional que deseamos emprender como país. La gran discrepancia de recursos solicitados por cada propuesta indicaría que todavía no hay claridad respecto de cuál es la transformación que abordaremos en materia de educación; por ende, no sabemos con claridad cuánto costaría. En este sentido, la discusión tributaria iniciada por el gobierno parece responder más a una necesidad de salvar el actual momento político, que a su convencimiento de que con US$ 700 millones a
US$ 1.000 millones bastaría para financiar la reforma educacional.
Un segundo principio que ha quedado en el olvido en esta discusión es que se requiere analizar si contamos con las organizaciones de gobierno necesarias para manejar tal magnitud de recursos y materializar en forma efectiva la reforma educacional. Lamentablemente, el gobierno no parece recordar que una de sus propuestas iniciales fue la modernización del Estado, tarea prioritaria para elevar la productividad de la economía y la eficiencia del gasto público. Es decir, se apostaba seriamente que, más que recaudar mayores recursos, se buscaría eficientar el gasto público. Sin embargo, en los dos primeros años del gobierno del presidente Piñera los avances en modernizar el Estado no parecen significativos. Esto lleva a cuestionar la estrategia seguida con la reforma tributaria, por cuanto pareciera reflejar más interés por conseguir los recursos (independiente del monto) que una real preocupación por crear las capacidades que permitan gastar los mismos en forma eficiente.
La debilidad en la gestión del Estado para ejecutar su gasto en partidas específicas queda de evidencia con los recursos espejo que se han ido a las regiones, derivado del subsidio al Transantiago. En efecto, el acotado número de proyectos que se han realizado con cargo a estos recursos revelaría que los gobiernos regionales no cuentan con la capacidad de gestión para presentar y posteriormente desarrollar proyectos de transporte e infraestructura pública. Actualmente, se discute un proyecto que aumenta el subsidio del Transantiago a cerca de US$ 750 millones anuales, entregando igual monto a las regiones. Es de esperar que en la discusión parlamentaria de este proyecto se reconozca la falencia que exhibe nuestro aparato público para ocupar en buena forma dichos recursos en las regiones del país.
Por ende, al igual que lo que ocurre con la reforma tributaria, no basta con solicitar más recursos, sino que resulta más importante que el Estado pueda dar las garantías de que los gastará bien. Lamentablemente, el tema de la modernización del Estado está aún pendiente y pareciera que no forma parte de la discusión técnica ni política de nuestras autoridades. Por este camino, los mayores montos recaudados, cualquiera sea su cuantía, probablemente no encontrarán el mejor destino.
