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Alto contraste
En Enade, el Presidente José Antonio Kast planteó una meta que comparto: que la permisología sea borrada de nuestro diccionario. La palabra resume una de las principales fuentes de incertidumbre para quienes quieren invertir, emprender y generar empleo en Chile. Sin embargo, el problema de fondo está en el cumplimiento de los plazos legales, que demasiadas veces se vencen sin consecuencias efectivas para quienes deben hacerlos respetar.
El proyecto de continuidad operacional de Minera El Abra, por US$ 7.500 millones en la Región de Antofagasta, es un ejemplo. La compañía debe responder cerca de 1.900 requerimientos de servicios públicos y 738 observaciones ciudadanas, mientras su evaluación permanece suspendida hasta el 17 de diciembre. Detrás de esa inversión hay contratistas locales, empresas de transporte, maestranzas y proveedores que necesitan certezas para planificar sus actividades y contratar trabajadores. Cada mes adicional de espera tiene un costo que se extiende mucho más allá del titular del proyecto.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Según Sofofa, el tiempo promedio de tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental pasó de 355 días en 2008 a 1.175 días en 2025. Su plataforma Prisma identificó además cientos de observaciones de organismos públicos que terminaron siendo descartadas, muchas por exceder sus competencias o carecer de carácter ambiental.
“La palabra resume una de las principales fuentes de incertidumbre para quienes quieren invertir, emprender y generar empleo en Chile”.
Pero la permisología no afecta solamente a las grandes inversiones. También está presente en la patente municipal, la resolución sanitaria, los permisos de edificación o la recepción final de una obra. Para una PYME, cada mes de espera significa seguir pagando arriendos, remuneraciones e intereses sin poder operar. Y, a diferencia de una gran empresa, muchas veces carece del respaldo financiero para soportarlo.
Chile ha avanzado en establecer reglas y procedimientos. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales fijó plazos, incorporó mecanismos de silencio administrativo y estableció herramientas para monitorear su cumplimiento. Es un avance relevante, pero insuficiente si esas obligaciones no se traducen en respuestas oportunas.
La verdadera reforma pendiente es pasar de los plazos declarados a los plazos efectivamente cumplidos. Para ello, el primer paso es hacer operativo el silencio administrativo positivo en aquellos permisos donde corresponda, de modo que un plazo vencido se traduzca en una respuesta para quien quiere invertir. El segundo es que cada servicio rinda cuenta de sus tiempos, con expedientes trazables y metas de oportunidad incorporadas a su evaluación de desempeño. Los estándares ambientales y sanitarios se mantienen; lo que cambia es que el Estado los aplique a tiempo.
Quienes participamos en directorios sabemos que la incertidumbre puede ser tan perjudicial como un costo elevado. Una inversión puede adaptarse a exigencias conocidas, pero difícilmente puede planificarse frente a decisiones que se postergan indefinidamente.
La certeza jurídica no consiste solo en conocer las reglas, sino en confiar en que el propio Estado las cumplirá. La permisología desaparecerá de nuestro vocabulario cuando los plazos legales dejen de ser una referencia y se conviertan en compromisos efectivos, exigibles y respetados. Porque cuando el Estado demora injustificadamente una decisión, no solo posterga un permiso: posterga inversión, oportunidades y empleo.
