Renegociar bien: del TAG a la cuenta eléctrica

JAVIER BUSTOS SALVAGNO Investigador del Centro de Regulación y Competencia REGCOM

Por: JAVIER BUSTOS SALVAGNO

Publicado: Jueves 12 de noviembre de 2026 a las 04:00 hrs.

El 12 de octubre, el gobierno anunció el primer acuerdo para rebajar el TAG: Autopista Central reducirá sus tarifas entre 10% y 25% a cambio de extender la concesión en 20 meses. Eduardo Engel y el Consejo de Políticas de Infraestructura han criticado el precedente, la postergación de la relicitación y el aumento de la congestión. Sin que aún se conozcan los detalles del acuerdo, el subsecretario de Energía dijo que se estudia extender los contratos con generadoras a cambio de reducciones de precios: “sería como el TAG”. La renegociación de contratos parece estar pasando de excepción a instrumento de política tarifaria.

Los dos casos no son equivalentes. En las concesiones de autopistas el Estado es parte del contrato y la ley prevé desde el origen su modificación, con reglas de compensación. En el sector eléctrico, el contrato es entre generadora y distribuidora, su precio fue la variable de adjudicación de una licitación pública y la facultad de revisarlo se creó recientemente, mediante un artículo transitorio de la Ley N° 21.833. Si aún con reglas previstas la renegociación de concesiones genera controversia, en el sector eléctrico el cuidado debe ser mayor.

El acuerdo con Autopista Central es voluntario y acotado. Pero se negoció contrato a contrato y no se ha publicado cómo se calculó la equivalencia entre la rebaja, los 20 meses adicionales y la menor morosidad esperada. En el caso eléctrico, aún no se dicta el reglamento del mecanismo, que será por una única vez y voluntario.

“Los congelamientos tarifarios desde 2019 nos enseñaron que cada intervención crea las condiciones para la siguiente. La pregunta no es si el Estado puede renegociar, sino si lo hará de modo que el usuario no termine pagando más caro”.

Que se renegocie no es un problema en sí mismo, pero hay precauciones que tomar. En primer lugar, la rebaja posible depende de cuánto valor se pueda transar. El propio ministro de Obras Públicas lo explicó: es viable en autopistas antiguas y de alto flujo, mientras que en las nuevas “no hay mucho que conversar”. Antes de abrir una mesa en el sector eléctrico, es recomendable evaluar y publicar si hay valor que transar.

En segundo lugar, la renegociación caso a caso es riesgosa. Engel, Fischer y Galetovic documentaron las renegociaciones de concesiones en Chile y advirtieron sobre su discrecionalidad y opacidad. El riesgo de una renegociación mal diseñada es doble. Por una parte, si las empresas esperan que el Estado vuelva a abrir contratos ya adjudicados, cobrarán una prima por riesgo en las próximas licitaciones, y la rebaja de hoy termina subiendo los precios de mañana. Por otra, extender el plazo traslada el costo a los usuarios futuros y posterga la competencia. En electricidad, resta demanda a las próximas licitaciones.

Hay dos diseños posibles. Uno es la mesa bilateral, contrato a contrato. El otro es una regla pública, común y fijada de antemano. Que los contratos sean distintos no justifica lo primero. Como el regulador no sabe cuánto puede ceder cada empresa, lo razonable es ofrecer un menú público de opciones, con distintas combinaciones de rebaja, plazo y condiciones, entre las que cada una elige.

Cualquiera sea el mecanismo, debería considerar a lo menos: reglas públicas, sin acuerdos reservados; voluntariedad real, lo que implica aceptar que la rebaja posible puede ser menor que la esperada; revisión independiente de un panel o tercero que evalúe a precios de mercado lo que se cede en plazo y el beneficio neto para el usuario; y aplicación por una sola vez, con fecha de término.

Los congelamientos tarifarios desde 2019 nos enseñaron que cada intervención crea las condiciones para la siguiente. La pregunta no es si el Estado puede renegociar, sino si lo hará de modo que el usuario no termine pagando más caro.