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Alto contrasteConsistencia económica bajo presión
La crisis por el alza de los combustibles ha puesto a prueba la capacidad del gobierno para conciliar las demandas sociales con las restricciones económicas. El cambio de estrategia frente a las movilizaciones de los transportistas, aunque responde a un escenario de creciente tensión, plantea interrogantes sobre la consistencia de la conducción económica y el riesgo de que decisiones de alto impacto presupuestario queden condicionadas por la capacidad de presión de determinados sectores. El giro resulta especialmente complejo cuando el propio ministro de Hacienda ha reconocido que la economía atraviesa una recesión técnica, lo que vuelve más exigente la administración de los recursos fiscales.
El acuerdo alcanzado ayer con los transportistas contempla revertir la última alza de las gasolinas y el diésel, aplicar una rebaja adicional de $100 por litro a este último y congelar nuevos incrementos hasta el 31 de marzo de 2027, sin impedir eventuales bajas. Estas concesiones amplían el proyecto de ley que el gobierno había ingresado previamente al Congreso —el cual fijaba el congelamiento solo hasta febrero— y que deberá ser modificado mediante indicaciones o una nueva iniciativa. El pacto contempla además prorrogar y ampliar durante 2027 el reintegro parcial del impuesto específico al diésel para el transporte de carga. Con un costo fiscal que ya se estimaba en cerca de US$ 550 millones en su propuesta inicial, la medida representa un giro respecto de marzo, cuando el Ejecutivo aceleró el traspaso de los mayores precios internacionales a los consumidores para proteger las cuentas públicas. Aunque la persistencia del shock petrolero justifica evaluar medidas de mitigación, los compromisos asumidos requieren una fundamentación rigurosa, especialmente en cuanto a sus efectos y financiamiento.
La conducción económica exige capacidad de adaptación, pero también criterios estables y previsibles.
El impacto del encarecimiento de los combustibles trasciende al transporte de carga: afecta los costos de producción, el abastecimiento y los presupuestos familiares. Por su alcance, no se trata únicamente de una controversia sectorial, sino de un problema que exige sensibilidad política y económica, pero también capacidad de negociación y respuestas oportunas. Es atendible que el Ejecutivo busque amortiguar sus efectos y contener las tensiones sociales. Sin embargo, la respuesta debe considerar mecanismos transitorios, adecuadamente focalizados y compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas, evitando que las soluciones de corto plazo generen desequilibrios más persistentes.
La recesión técnica —aunque sea breve, como espera Hacienda— añade complejidad a este escenario. La debilidad de la actividad económica limita las perspectivas de recaudación y dificulta la recuperación de los márgenes fiscales. De ahí que la consolidación de las cuentas públicas siga siendo una prioridad, no solo para enfrentar las restricciones actuales, sino también para preservar la capacidad de respuesta ante futuras contingencias. En ese contexto, resulta fundamental explicar cómo las nuevas medidas se insertan en una estrategia fiscal coherente y cuáles serán sus consecuencias para los compromisos presupuestarios.
La conducción económica exige capacidad de adaptación, pero también criterios estables y previsibles. A ello se suma la necesidad de mayor habilidad política y agilidad para resolver conflictos antes de que sus efectos se extiendan a la actividad económica, el abastecimiento y los costos de producción.
