El grupo español San José comenzó a mover una de sus apuestas más relevantes en infraestructura en Chile. La Sociedad Concesionaria Penitenciario de Copiapó ingresó a evaluación ambiental el proyecto para construir y operar la nueva cárcel de la capital de Atacama, una iniciativa por US$ 308,6 millones que contempla cuatro años de obras.
La concesión fue adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas a Constructora San José S.A. (agencia en Chile) e incluye no solo la construcción del recinto, sino también su conservación y operación posterior.
El proyecto tiene además un peso importante dentro de la cartera internacional del grupo. En sus estados financieros al primer semestre de 2026, San José informó que el contrato de Copiapó representa una cartera estimada en 510 millones de euros y considera el desarrollo del proyecto, su construcción y 20 años de operación.
Para ejecutar la concesión, Constructora San José y Constructora e Inversiones San José Andina constituyeron en Chile la Sociedad Concesionaria Penitenciario de Copiapó. La primera concentra el 51% de la propiedad y la segunda el 49%. Ambas pertenecen al mismo grupo, por lo que San José controla el 100% de la sociedad.
La nueva compañía fue constituida con un capital de $ 40 mil millones, del cual al 30 de junio de este año ya se había desembolsado la mitad, según informó la firma española.
Desde la Dirección General de Concesiones han defendido este modelo para acelerar la expansión de infraestructura penitenciaria. “Estamos convencidos que a través de la alianza público - privada se acelera la inversión y la ejecución de infraestructura penitenciaria”, señaló anteriormente el organismo.
Obras partirían en 2027
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entrega ahora el detalle de la construcción que deberá desarrollar la concesionaria.
San José proyecta iniciar las obras durante el primer semestre de 2027, siempre que obtenga una Resolución de Calificación Ambiental favorable. La fase de construcción se extenderá aproximadamente por 48 meses y finalizaría durante el primer semestre de 2031.
El complejo se levantará en el sector de Caserones, junto a la Ruta 5 Norte y a unos 42 kilómetros al norponiente de Copiapó. El terreno fiscal donde se desarrollará el proyecto tiene alrededor de 89 hectáreas y la superficie que será intervenida alcanza unas 23,29 hectáreas. La infraestructura tendrá capacidad para 2.160 personas privadas de libertad y alrededor de 600 funcionarios y prestadores de servicios.
El diseño considera 15 módulos de reclusión y una superficie edificada cercana a 76.600 metros cuadrados (m2). A las instalaciones penitenciarias se sumarán una unidad de salud, una escuela para los internos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de alimentación y dependencias administrativas.
La escuela tendrá 1.534 m2 y los talleres industriales otros 2.401 m2. Estos últimos estarán destinados a actividades laborales de internos que participen en programas de reinserción.
Empleo, infraestructura y accesos
La construcción movilizará alrededor de 1.000 trabajadores en su etapa de mayor actividad y la concesionaria señala que dará preferencia a mano de obra de Copiapó y comunas cercanas.
El proyecto también considera infraestructura propia para su operación. Entre ella, una planta de tratamiento de aguas servidas dimensionada para una población equivalente de 5.964 personas y un sistema de generación solar de 250 kW, que complementará el suministro eléctrico conectado a la red de CGE.
La ubicación del penal junto a la Ruta 5 Norte obligará a ejecutar nuevas obras de conectividad. El proyecto contempla dos paraderos, una vereda de acceso y una pasarela peatonal para cruzar la carretera. Durante los cuatro años de construcción, la DIA proyecta cerca de 59.500 desplazamientos internos de vehículos y maquinaria, con el mayor nivel de actividad previsto para el tercer año de obras.
Monte Amargo y patrimonio
El recinto se emplazará dentro del Sitio Prioritario Monte Amargo, entre Copiapó y Caldera. La superficie intervenida será de 23,29 hectáreas, cerca del 0,16% del área total protegida por esta categoría.
Los estudios de terreno también identificaron seis hallazgos arqueológicos, principalmente material lítico de origen prehispánico. La concesionaria contempla medidas de resguardo y monitoreo durante las faenas. La DIA se encuentra actualmente en tramitación ambiental. Si obtiene una resolución favorable dentro de los plazos previstos, las obras comenzarían durante el primer semestre de 2027 y el recinto entraría en operación durante el primer semestre de 2031.
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