La Compañía Minera Maricunga, filial de la canadiense Kinross Gold, deberá ejecutar un plan de reparación ambiental estimado en US$ 19.785.000 en humedales altoandinos de Atacama, tras la aprobación del acuerdo alcanzado con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Las medidas incluyen monitoreo, evaluación de métodos de revegetación y acciones sobre el manejo del agua.
El caso comenzó con dos demandas del CDE por la posible pérdida de agua en 20 hectáreas del humedal de Pantanillo y otras 69 del humedal de Valle Ancho, en el sector de Pantanillo-Ciénaga Redonda. La minera es dueña del proyecto Refugio, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla.
Recuperación de vegetación y manejo del agua
Las 14 medidas consideran delimitar los humedales, monitorear su evolución e identificar factores que dificultan la recuperación natural de la vegetación. También se evaluarán técnicas de revegetación, retención de agua y mejoras de conexión hidráulica, junto con un plan de gestión de nieve y caminos.
El programa incorpora estudios del acuífero y de los ecosistemas, becas de posgrado, capacitación y mejoras de infraestructura y supervisión del sitio Ramsar. En materia hídrica, incluye la modificación del modo de aprovechamiento o renuncia a derechos de aguas subterráneas.
Al examinar las obligaciones de la minera, la resolución precisa que se establecen “sin que el instrumento contemple sustitución alguna de la ejecución material por compensación pecuniaria”.
Disputa iniciada en 2016
En marzo de 2016, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a Maricunga con la clausura definitiva de sus pozos de extracción de agua. Según informó entonces el organismo, la actividad de la empresa había provocado el desecamiento de al menos 70 hectáreas de humedales del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.
El CDE presentó las dos demandas en abril de ese año. En noviembre de 2018, el tribunal condenó a la compañía por daño ambiental en Valle Ancho y rechazó la acción por Pantanillo por encontrarse prescrita.
Sin embargo, en enero de 2022 la Corte Suprema anuló ambos fallos por aspectos formales relativos a la integración del tribunal durante la audiencia de prueba y ordenó una nueva vista de la causa. En marzo, las demandas fueron acumuladas y comenzó el proceso de conciliación.
La minera presentó una propuesta de reparación en abril de 2022, que recibió observaciones del CDE, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección General de Aguas y Conaf. En abril de 2023, el tribunal inspeccionó las vegas y los sectores de pozos de extracción y monitoreo.
Reportes anuales y plazos
El tribunal supervisará el cumplimiento del acuerdo y recibirá cada año informes revisados por una mesa técnica. También podrá revisar los cambios que se propongan al plan.
Los plazos fijados deben cumplirse. Si alguna medida requiere más tiempo o se retrasa por motivos ajenos a la empresa y al CDE, el tribunal evaluará esas circunstancias al revisar su cumplimiento.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
