El incendio más extenso en la historia de Portugal fue representativo de cómo el cambio climático está expresando sus consecuencias a nivel global. La acumulación de temperaturas por encima de la media estresó los bosques y transformó por completo la virulencia en la quema de los árboles. Para Marc Castellnou, jefe del Grupo de Refuerzo del Cuerpo de Bomberos de ese país, "estos eventos fueron explosivos, tal como ocurrió en Chile y Canadá".
Los mega incendios forestales del verano 2017, afectaron en el sur del país a alrededor de 500 mil hectáreas de bosques, plantaciones y vegetación, y comprometió seriamente el abastecimiento de más del 40% de la industria PyME maderera en regiones como Maule.
La posibilidad de reforestación de estas vastas áreas enfrentaba dos problemas, uno financiero, que hace referencia a que desde hace cinco años no existen instrumentos de fomento a las plantaciones, y otro técnico, que las nuevas reforestaciones se hicieran cargo del nuevo escenario climático y no se replicaran esquemas de grandes extensiones continuas de plantaciones que no dificultan el avance del fuego.
Este segundo aspecto fue abordado por el Consejo de Política Forestal y se generó un protocolo para las nuevas plantaciones que fue acordado entre todos los actores relevantes del sector forestal, desde las grandes empresas a los representantes de comunidades y de la sociedad civil.
Por otra parte, tanto Conaf como la Intendencia del Maule han promovido la idea de legislar para disponer de un instrumento "tipo DL701" (subsidio directo a la reforestación de áreas quemadas en este caso), pero la iniciativa conlleva dos problemas complejos: por una parte generaría un costo para el Estado, difícil de asumir en momentos que la situación fiscal es estrecha, y por otra, debería esperarse a que Conaf se transformara en Servicio Forestal. Es decir, de prosperar, sus efectos se materializarían en el próximo gobierno.
Una "ventana" para la reforestación
En este proceso de reforestar post incendios forestales aparecen los impuestos verdes de la reforma tributaria en Chile, que ya están en vigencia a partir de este 2018, esperando contribuir a la descontaminación, a la disminución de gases efecto invernadero y a propiciar un desarrollo económico bajo en carbono. Se ha señalado que el impuesto vigente (5 USD/tonCO2) tiene una finalidad recaudadora porque no genera reducciones efectivas de emisiones para el país (las plantas siguen produciendo a los mismos niveles anteriores).
Pero ¿qué pasaría si se abriera una "ventana" legal que permitiera a estas generadoras la posibilidad de comprar un offset (compensación) de CO2, a un precio inferior a los US$5/ton, proveniente de proyectos forestales en Chile? La propuesta del Programa Estratégico explica que la opción sería masivamente adoptada, permitiendo al país un beneficio ambiental directo al representar reducciones efectivas y certificadas de emisiones, válidas para el cumplimiento de Chile en el Acuerdo de París del año pasado. Además, la iniciativa establece un tope máximo de 20% de uso de offsets, que supuestamente permite viabilizar toda la reforestación requerida en el país en el mediano y largo plazo.
Las simulaciones realizadas muestran que bajo diferentes escenarios, un precio a las capturas de carbono del orden de US$ 4-4.5/tonCO2 permitiría aumentar en más de un punto porcentual la rentabilidad de la forestación. Si esto se traduce en contratos de usufructo a los propietarios de terrenos, el pago anual incremental representa del orden de US$80/ha/año, cifra que da vuelta a favor la decisión de participar de los esquemas de forestación en casi todas las condiciones de suelo y tamaño de la propiedad.
En relación a la recaudación tributaria, este proyecto considera que el impacto es neutro o positivo, puesto que este mecanismo podría liberar el uso de recursos fiscales considerados en una nueva versión de ley de fomento forestal. Otra posibilidad supone el análisis aislado y parcial sólo de esta medida, donde el costo variaría entre cero y US$8 millones/año en el caso más extremo para los próximos cinco años.
Al abordar los plazos, la propuesta indica que no habría impactos en la caja fiscal en lo que resta de este gobierno, ni en buena parte del siguiente, ya que el crecimiento de los sumideros forestales comienza a contabilizarse a partir de una cierta biomasa mínima, es decir, cinco años de plantación. El costo fiscal de ese año ascendería a US$3 millones y crecería hasta US$5 millones hacia el fin de ese gobierno.
La idea es activar créditos vía Indap o Banco Estado, que permitan a los propietarios individuales tener flujos de dinero para iniciar sus labores silvícolas a cuenta de las reducciones certificadas futuras que se entregarían como garantía.
La actual propuesta ofrece un sistema integral amigable con el medio ambiente y para el sector privado constituye un mecanismo de flexibilidad de mercado a la regulación existente en torno a las compensaciones de CO2. Estando ad portas de una nueva propuesta tributaria, este mecanismo constituye una escasa oportunidad de volver a tomar el liderazgo en la agenda climática público-privada con una contribución efectiva a la reforestación de las áreas quemadas de pequeños y medianos agroforestadores.
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