Live Nation, dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, pidió este jueves a un juez federal de Nueva York que desestime parte de la demanda interpuesta por el Gobierno estadounidense el pasado mayo para acabar con el monopolio ilegal del que se acusa a la empresa.
El Departamento de Justicia (DOJ) y más de 30 fiscales estatales y de distrito presentaron en mayo una demanda civil antimonopolio en Nueva York por "monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados", a la que se sumaron posteriormente otra decena de fiscales.
Ahora, Live Nation pide que se desestimen las acusaciones de varios estados que se sumaron a la demanda el pasado mes y que la acusaron de perjudicar con sus malas prácticas de competencia a los asistentes de los conciertos celebrados en sus territorios.
La empresa se refiere específicamente a acusaciones de que bloquea la competencia mediante el uso de amenazas, represalias y contratos exclusivos y a largo plazo para impedir a las salas de conciertos utilizar los servicios de venta de entradas rivales.
Live Nation negó haber amenazado a los locales para que utilicen Ticketmaster y dijo que estas acusaciones "no tienen casi nada que ver con los consumidores ni con las comisiones que pagan por las entradas".
La compañía también pide desestimar otra demanda que le acusa de presionar a los artistas para utilizar sus servicios de promoción para reservar los recintos de su propiedad.
Según Live Nation, esta demanda es "jurídicamente defectuosa" puesto que la ley federal antimonopolio "no impone la obligación de negociar con los rivales salvo en circunstancias excepcionales".
Con la demanda de Estados Unidos, la fiscalía pretende disolver Live Nation, a la que acusa de haber perjudicado a artistas y fanáticos con sus "tarifas exorbitantes y fallas tecnológicas".
Live Nation controla al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; controla más del 60% de las promociones de conciertos en todo el país y posee o controla más del 60% de los grandes anfiteatros de Estados Unidos, según la fiscalía.
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