Esta semana, el Congreso analizó las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto que sistematiza los delitos económicos y endurece las sanciones a estos, conocidos popularmente como de “cuello y corbata”. Tal como en su momento explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a la iniciativa se le hicieron correcciones de forma y no de fondo, consensuadas entre el Gobierno y el Legislativo.
Según el veto enviado al Congreso, en materia de sistema de reglas, se corrige la eliminación involuntaria (derogación) de figuras penales que forman parte de los “delitos base” del lavado de activos. También se ajusta la norma sobre uso fraudulento de tarjetas de pago y se corrige la falta de coordinación con regla de vacancia de la reciente Ley 21.563, que modifica la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Además, con respecto a modificaciones para clarificar la interpretación y facilitar operatividad, estas colaboran a evitar interpretaciones excesivamente formalistas, con el riesgo de alteración de la pretensión establecida, señala el texto; y en las modificaciones que clarifican puntos y salvan conflictos eventuales, o que su inclusión salva una omisión, se cuentan la inclusión del delito de falsedad en un procedimiento concursal y la inclusión del delito de tráfico de influencias, entre otros puntos.
De esta manera, durante este martes, las salas de ambas cámaras votaron el veto al proyecto que modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecúa las penas aplicables a todos ellos. Y mientras la Sala de la Cámara lo aprobó por 139 votos a favor y una abstención -Christian Matheson (Evópoli)-; más tarde, la Sala del Senado hizo lo propio por 42 a favor y la abstención del RN Carlos Kuschel.
Proteger la libre competencia
Uno de los principales autores de la iniciativa, el senador Matías Walker (Demócratas) se mostró “muy contento” de que el proyecto, finalmente, haya sido despachado a ley. En este sentido, explicó que las observaciones del Presidente se concordaron con el Ejecutivo y el Ministerio Público y valoró las medidas que contempla esta nueva normativa.
Y recalcó que “así como tiene que haber pacto fiscal, tiene que haber pacto pro crecimiento, pero pro crecimiento con agenda anti abusos también. Y esto tiene que ver con proteger la libre competencia, sancionar con pena de cárcel los atentados contra la libre competencia, que en definitiva atentan también contra el crecimiento económico”.
En este sentido, el senador añadió que su percepción es que los empresarios también “entienden que es muy importante que así como los delitos de mayor connotación social tienen que tener penas efectivas; también tienen que tener penas efectivas de cárcel los delitos económicos y los atentados contra el medioambiente, porque no puede haber un derecho penal para ricos y otro derecho penal para pobres. Tenemos que poner a la misma altura los delitos económicos, porque dañan la fe pública, las instituciones, el buen funcionamiento de los mercados. Las reglas claras y el respeto al fair play también en materia económica y financiera es lo que hace respetar este proyecto en esta que es la reforma más importante en la historia del Código Penal”.
Ahora, el proyecto deberá pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional para luego ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.
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