La accidentada instalación del gobierno parece no darle tregua al Presidente José Antonio Kast y, en particular, los “errores comunicacionales” derivados de las medidas que evaluaría Hacienda respecto de programas sociales que se sugería “descontinuar”, pero que tras una de muchas aclaraciones, se definió que el término correcto es “reformular”.
En esta jornada se sumó la posibilidad de que la Pensión Universal Garantizada (PGU), política pública emblemática del expresidente Sebastián Piñera (RN), también sufra un recorte; y, por si fuera poco, se concretó la reducción presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social por $ 32.721 millones, lo que implica ajustes en varios programas de la cartera, a través de un decreto firmado por Quiroz.
En este complejo escenario, en medio del cual el mandatario apeló, justamente, a que el suyo es “un gobierno que se está instalando” y a que “hay autoridades nuevas en los cargos y eso requiere un tiempo”, es que la presión de la oposición no sólo sobre el jefe de Estado. Principalmente de quien es considerado su ministro de más confianza, el titular de Hacienda Jorge Quiroz, se comenzó a hacer más intensa. Parlamentarios del sector no han dudado en pedir su renuncia, ya sea directa o metafóricamente.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado a las autoridades a explicar de mejor manera la naturaleza y el alcance de los ajustes de gasto.
Entre otros, el diputado Jaime Araya (indep. PPD) ironizó con la situación, instando al mandatario a que “evalúe en serio descontinuar de funciones a su ministro de Hacienda” y el senador socialista Gastón Saavedra, exhortó directamente a Quiroz a que “dé un paso al costado, salga del ministerio de Hacienda”.
Incluso la Democracia Cristiana (DC), colectividad a la que desde la administración Kast intentaron buscar como aliada, debido a su aparente postura políticas moderada, ha mostrado una actitud absolutamente crítica en esta materia, al punto que el senador Iván Flores advirtió que “aquí hay una señal política brutal; rebajar miles de millones en programas sociales, mientras se impulsa una agenda económica que reduce ingresos fiscales con rebajas a los sectores más ricos, es una contradicción evidente. Aquí se está optando por ajustar a costa de las personas”.
Ello, haciendo gala de un discurso que, hasta sólo un par de semanas, el Ejecutivo insistía en atribuirle sólo al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA), pero que todo indica que ha ido calando cada vez con más fuerza, impregnando a todo el sector.
Y en medio de toda esta batahola política, un grupo de diputados del Frente Amplio, llegó hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda a entregar un oficio, exigiendo que se “transparenten los decretos donde se reduce presupuesto”. Ocasión en que el diputado Gonzalo Winter acusó al mandatario de no haber sido “honesto” con la ciudadanía, durante la campaña, porque dijo que no reduciría gastos sociales y lo estaría haciendo.
La PGU en juego
La filtración, conocida a través de Ciper, respecto de que se recortaría la Pensión Garantizada Universal, más conocida como PGU, no podía pasar desapercibida. Lo irónico es que la oposición ha sido la más férrea defensora de esta ley, cuya principal característica es que el expresidente Sebastián Piñera optó por impulsarla al final de su segundo mandato, cuando se vio obligado a admitir que su propuesta de reforma de pensiones no alcanzaría los votos para convertirse en ley. Tal como en el periodo anterior le había ocurrido a la expresidenta Michelle Bachelet.
La PGU es, por tanto, la política pública que Piñera legó tras su segundo mandato, pese a ello Renovación Nacional (RN), hasta el cierre de esta edición al menos, no había salido a defenderla como sí lo hizo la oposición, pese a las aclaraciones de Quiroz al respecto.
Ese es el caso del diputado comunista, integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, quien anunció que a raíz del eventual recorte de la PGU y los otros que ha trascendido que estarían en evaluación “vamos a pedir que el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sea citado” a esta instancia de la Cámara “para que dé explicaciones”.
Mucho más dura fue la reacción del diputado frenteamplista Jorge Brito, quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara. El legislador desafió con firmeza al titular de esa cartera que “si usted le toca un pelo a la PGU, va a cruzar una línea roja que, como oposición, no vamos a permitir”. Pero, no conforme con ello, levantó a la oposición como adalid y protectora de los votantes de esta administración, asegurando que “vamos a defender a los votos del Presidente José Antonio Kast que les comprometió que no existirían recortes sociales”.
En la misma línea se expresa el diputado socialista Juan Santana, quien recordó que una de las promesas de campaña del actual Presidente fue “no afectar el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal” , en cambio, en medio de su política de recortes presupuestarios la incluyó, dijo, calificado la situación de “impresentable”.
Mientras que el diputado falangista Héctor Barría instó al gobierno y al Presidente a “rectificar cuanto antes” respecto de las decisiones que está implementando, porque de lo contrario, “lamentablemente, nuestro país cada día seguirá pagando las consecuencias”.
Mirada oficialista
En el oficialismo, la jefa de bancada de los diputados de la UDI Flor Weisse instó al gobierno a “explicar muy bien a qué obedece la revisión de estos programas y que en ningún caso significa revisión de compromisos sociales, nosotros no estamos d acuerdo con que ello ocurra”, enfatizó la diputada, dejando claro que tampoco está por retroceder en derechos sociales.
Y, consultado por DF, el subjefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Eduardo Durán, manifestó su esperanza de que “el gobierno clarifique bien un eventual recorte a la PGU, dado que la promesa de campaña fue clara: no se iba a recortar el gasto social”. De ahí que, de cara al presupuesto 2027, si habrá eliminación de partidas o disminución de recursos, “es fundamental que el gobierno explique, con total transparencia, cuáles son las razones. Y también lo instó a “ordenarse comunicacionalmente y definir, de una vez por todas, qué programas o proyectos se van a recortar. No se puede seguir con mensajes contradictorios en un tema tan sensible como el gasto social”, sentenció.
Todo, mientras el oficialismo duro, como los representantes del Partido Republicano, observan y guardan riguroso silencio.
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