El evento abrió una serie de aristas, siendo una de las más duras la ofensiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al formular cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y ocho empresas. Pero, a poco más de seis meses, ya se alistan las resoluciones que determinarán las responsabilidades en el blackout.
El 4 de agosto del año pasado, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, anunció el primer conjunto de cargos para establecer responsabilidades vinculadas a dos de los cuatro focos de la investigación que se trazó la entidad por el evento, los cuales recogen los puntos más sensibles de lo ocurrido.
Así, si bien queda por dilucidar eventuales cargos en torno a la recuperación del suministro, la coordinación y comunicaciones durante la emergencia, fuentes de la SEC confirmaron a
Diario Financiero que la entidad ya cerró la investigación en cuanto a la primera etapa de cargos. De esta manera, se alistan las resoluciones donde -según conocedores de la industria- ya es posible vislumbrar importantes multas para al menos los principales protagonistas de lo ocurrido:
Interchile,
Transelec y el consejo directivo del Coordinador Eléctrico.
De hecho, la intención desde la entidad fiscalizadora sería que las definiciones sobre los responsables y sus eventuales sanciones se den a conocer antes de cumplirse el primer aniversario del blackout, lo que sería un tiempo récord considerando la magnitud de la investigación y la duración de procesos previos.
Ya el 12 de enero, consultada por DF, Cabeza confirmó que la entidad estaba en la etapa final del análisis de los descargos y no descartó nuevas formulaciones en otros focos que contempla la investigación del evento.
Los dardos de la SEC no fueron menores. En cuanto a las condiciones que originaron el apagón, aseguró que el Coordinador habría estado operando el sistema en condiciones inseguras al mantener el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico transmitiendo a 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro. Ante la exposición a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, se formularon cargos por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.
Sobre el origen de la falla, se formularon dos cargos a Interchile: por no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento; y el segundo, por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador.
En el segundo foco de la investigación -respecto a la propagación de la falla- se formularon cargos a Transelec por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA. Engie enfrenta dos cargos: por no disponer de sistemas de supervisión y control de instalaciones; y otro porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de las protecciones de baja frecuencia.
Se suma CGE Transmisión, ALFA Transmisora y AES Andes por no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones. Y, además, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales porque sus instalaciones se habrían desconectado.
Las multas
Las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, unos $ 8.350 millones al día de hoy. En el caso del Consejo Directivo del Coordinador, cada consejero se expone a una sanción de 30 UTA, equivalente a $ 25 millones.
Sumadas, las multas podrían ser históricas.
En el caso del Coordinador, hubo controversia por quién asume el pago final, considerando que el organismo es financiado por todos los consumidores del sistema a través del cargo único y tiene contratados seguros. El Consejo Directivo debió salir a asegurar que no se destinarán recursos de la entidad al pago de eventuales multas personales.
SEC resuelve en tiempo récord
A casi un año del apagón, la SEC podría emitir resoluciones en tiempo récord. Esto, ya que los procesos previos han tardado más de un año.
En marzo de 2025, ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, la entidad fiscalizadora puso como ejemplo los plazos de procesos administrativos de otros blackout. Allí se indicó que en una interrupción de suministro ocurrida el 14 de marzo de 2010, que afectó desde Taltal a Chiloé, se formularon cargos el 30 de julio de 2010 y la resolución sancionatoria llegó el 29 de septiembre de 2011. El caso en concreto se cerró el 20 de noviembre de 2013 con la sentencia de la Corte Suprema.
Incluso, en un evento en la misma zona ocurrido el 24 de septiembre de 2011, se tardó alrededor de un año. Se formularon cargos el 23 de enero de 2012 y la resolución sancionatoria se emitió el 10 de octubre de ese mismo año.
Caducidad de la concesión de Enel no se decidiría en el Gobierno de Boric
Otro frente que sigue abierto es el proceso administrativo de la caducidad de la concesión de Enel en la Región Metropolitana tras los extensos cortes de suministro eléctrico durante el invierno de 2024. Si bien en enero la SEC indicó que está en recta final la elaboración del informe técnico, y el biministro de Economía y Energía Álvaro García indicó en diciembre que el actual Gobierno definirá la eventual caducidad de la concesión, ahora no estaría del todo claro si el asunto se resolverá pronto.
Hace unos días, luego de la presentación de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, García sostuvo: “Enel optó por llevar esas multas (de la SEC) a los tribunales y los tribunales están analizando la situación. Mientras no hayan fallos es inconducente e imprudente avanzar en otras materias”. Lo anterior, comentan fuentes, porque se judicializó la “fuerza mayor” y el “estado anormal agravado”. Aunque algunos advierten que esto va en carriles distintos, otros ven que no se podría tomar una decisión final.
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