Una nueva arista se sumó a la compleja entrada en vigencia de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), más conocida como “Ley Uber”, la cual busca regular las aplicaciones de transporte de pasajeros.
Hace una semana trascendidos en prensa afirmaron que el Ministerio de Transportes había confirmado que la Ley EAT no sería implementada durante la actual administración, a pesar de que la cartera había insistido en apretar el acelerador para poder dejar funcionando la normativa antes del 11 de marzo, día del cambio de mando.
No obstante, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, insistió el pasado viernes que si bien “como ministerio nos hemos demorado más de lo que deberíamos habernos demorado”, su ambición “es poder dejarle al Gobierno siguiente ese reglamento que fue tomado de razón publicado y con el desarrollo de la plataforma ya iniciado, para que al próximo Gobierno le toque justamente implementar esa ley y hacer los ajustes que estime convenientes y necesarios”.
Y fue ese mismo día cuando una nueva oportunidad se le dio al actual Gobierno: luego de tres licitaciones desiertas y ante el plazo final de la última licitación abierto hasta el 9 de enero, tres empresas ofertaron para desarrollar la plataforma tecnológica que permitiría operativizar la Ley.
Esta plataforma o software sería la pieza clave que le faltaría al Gobierno para poder publicar el reglamento en el Diario Oficial y para que así entre en vigencia la ley.
En solo dos semanas se llevó a cabo la última licitación de la plataforma tecnológica que permitiría operativizar la Ley EAT, en la que Entel, NTT Data y ARKHO fueron los únicos oferentes.
Nueva oportunidad
La Ley EAT fue aprobada en 2023 tras una discusión de casi seis años en el Congreso, no obstante, al día de hoy todavía no entra en vigor. Si bien fue la demora de la toma de razón del reglamento lo que retrasó la entrada en vigencia de la ley, otro gran obstáculo ha sido la búsqueda del proveedor para el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para implementar la ley, lo que complicó aún más su puesta en marcha.
En específico, esta infraestructura sería la que permitiría soportar el registro de las empresas, conductores y vehículos, además de la interacción con otras fuentes de información para la correcta ejecución de esta normativa.
En solo dos semanas se llevó a cabo la última licitación donde Entel, NTT Data y ARKHO fueron los únicos oferentes, pero aún desde la industria aseguran que los tiempos no dan para dejar la ley bien implementada.
La apertura de las ofertas se realizó este lunes, y -de acuerdo con lo señalado por el ministerio a DF- ahora corresponde “evaluar las ofertas y en virtud de ello se escogerá a la que ofrezca las condiciones más ventajosas”.
El MTT cuenta con plazo hasta el 20 de abril -es decir, 60 días hábiles- para analizar las propuestas, no obstante aseguran que en este caso la evaluación no tomaría la totalidad de esos días, dado que en este proceso solo participaron tres empresas y el período está previsto para escenarios con un mayor número de oferentes.

Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
Un asunto para el Gobierno entrante
Ante este escenario, la directora ejecutiva de Alianza In -el gremio de las aplicaciones de transporte-, Marcela Sabat, sostuvo que pese a apoyar la regulación, “insistir en implementar la ley antes del cambio de mando responde más a una urgencia política que a una evaluación técnica responsable”.
“Los tiempos no dan. Y decir lo contrario es desconocer cómo funcionan los procesos tecnológicos y administrativos del Estado. Implementar la ley sin plataforma operativa, sin pilotos y sin preparación municipal no solo es imprudente, sino que puede terminar en un fracaso que heredará el próximo Gobierno”, afirmó la líder del gremio.
Asimismo, Sabat insistió en que una mala implementación de la ley podría generar impactos significativos en la tasa de desempleo, lo que traería graves problemas al próximo Gobierno.
“Según el estudio del Centro UC, solo cerca del 18% de los conductores cumple actualmente con todos los requisitos del reglamento. Eso implica una exclusión masiva inmediata”, detalló.
En ese sentido, fuentes cercanas a la futura administración afirmaron que “no se explican” el apuro del actual Gobierno, considerando que la evaluación de las ofertas inició el lunes y que, de acuerdo con las bases del proceso, el ministerio cuenta con plazo hasta el 20 de abril para analizar las propuestas.
El ministro Muñoz ha afirmado que “si la autoridad que viene percibe que es necesario hacer algunos ajustes, está todo el ámbito legislativo para poder discutirlo. Esta es una ley que se aprobó en el Congreso y es nuestra responsabilidad poder implementarla”.
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo recabado por este medio -como parte de las bilaterales que sostendrán los secretarios de Estado de la futura administración con los de la actual-, la próxima semana se realizaría la reunión entre los ministros de Transportes y Telecomunicaciones de Boric y Kast, donde esto sería una materia a tratar.