El 20 de marzo de 2025, en un masivo acto en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, el entonces Presidente Gabriel Boric promulgó la reforma previsional.
El hito fue celebrado por los partidarios de esa administración e, incluso, por parte del hoy oficialismo, ya que el debate en torno a una modificación sustantiva en torno al sistema de pensiones duró cerca de una década.
Sin embargo, tanto los reguladores como la industria previsional y financiera sabían que ahí comenzaría lo que para ellos sería lo más difícil: la implementación de una ley con muchas complejidades técnicas.
Los desafíos
A mediados de este mes, en un seminario organizado por DF, el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, adelantó que la reforma previsional enfrentará a partir de abril una etapa “súper crítica”, relacionada a las modificaciones en torno al régimen de inversiones del nuevo esquema.
En ese sentido, uno de los desafíos que mencionó fue la definición de la composición del sistema de fondos generacionales, que reemplazarán a los actuales multifondos.
Este es un punto que preocupa a la industria, porque sostienen que su estructura debe ser fijada con extrema precisión, ya que, sumado a la construcción de un benchmark y a la banda de premios y castigos por las rentabilidades que tendrán las AFP por su desempeño en materia de inversiones, se corre el riesgo de que en el futuro los retornos de los fondos de pensiones se vean afectados.
A lo anterior, se agrega uno de los ejes que más complica a las AFP: la licitación del 10% de afiliados antiguos, cuyo plazo para realizar el llamado vence en agosto de 2027 y su adjudicación se debe concretar en diciembre de ese mismo año.
Pero no solo esto preocupa a las administradoras, sino que al sector financiero en general. En la industria aseguradora apuntan que el mercado de capitales puede verse afectado por el remate, ya que traspasar a un 10% de los afiliados podría significar un impacto para el valor de los distintos activos financieros.
Plazos
En este contexto, uno de los aspectos que miran con atención desde la industria financiera son los plazos de implementación que establece la reforma previsional, que consideran acotados.
La ley señala, por ejemplo, que en agosto de este año se debe publicar el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales, mientras que en abril de 2027 estos reemplazarán a los multifondos. Ese mismo mes se fijarán las carteras de referencia o los benchmark.
A ello se suma que, en diciembre del próximo año, se adjudicará la licitación de stock de afiliados, los que se traspasarán en junio de 2028 a la administradora ganadora del proceso. En abril de 2029, se inicia el esquema de premios y castigos.
“Los plazos se tienen que estudiar bien, en detalle. Si se evalúa que hay un tema con los plazos, se debiera ver la posibilidad de ampliarlos con una ley corta o miscelánea, para que no abra un debate sobre el sistema, sino que se limite a modificar plazos. Hay algunos (plazos) que están un poco ajustados, pero hay que hacer un estudio más profundo”, explicó la investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal.
Otro técnico conocedor del debate apunta a esperar los respectivos diseños de cada una de estas disposiciones para evaluar plazos, pero indicó que “hay que dejar que la institucionalidad funcione”.
Con todo, desde la industria celebraron la llegada de Joaquín Cortez a la Superintendencia de Pensiones. Eso sí, reconocen que su poder está limitado a lo que dicta la ley, por lo que no tienen expectativas de modificaciones en torno a los plazos, pero sí respecto de que sincere las complejidades que estos conllevan con las autoridades políticas.
Consultado si existe espacio político para revisar los plazos de la reforma, el diputado independiente-PPD, Héctor Ulloa, señaló que “las leyes son para cumplirse al igual que los acuerdos políticos. Los plazos legales son imperativos y no opcionales, por lo mismo, si el Gobierno quiere modificar la reforma de pensiones debe ingresar un proyecto de ley”.
En tanto, la diputada UDI, Constanza Hube, comentó que “hoy el foco debe estar donde corresponde: en la correcta implementación de la ley, en el cumplimiento estricto de los plazos y en que los beneficios lleguen de manera oportuna y sin errores a las personas”.
¿Chao préstamo?
Otra dimensión que puede enfrentar la implementación de la reforma previsional es la política.
La semana pasada, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, se reunió con parlamentarios de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En la instancia, les habría adelantado a los parlamentarios que la medida del “Chao préstamo” no sería de las primeras acciones de la cartera. La propuesta reemplaza el 1,5% de la nueva cotización -fracción llamada “Cotización de Rentabilidad Protegida”- por inversiones en instrumentos financieros.
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