A menos de 48 horas del cambio de Gobierno, Sofofa Hub, entidad que articula e impulsa la innovación del gremio de industriales, planteó sus propuestas para avanzar en una ley de inteligencia artificial (IA) que combine la gestión de riesgos con el fomento al desarrollo y la inversión en esta tecnología, y una agenda regulatoria para mejorar la vinculación de empresas y startups con agencias públicas.
El director ejecutivo de Sofofa Hub, Alan García, dijo que es necesario ajustar el enfoque basado en riesgos del proyecto de ley que regula los sistemas de IA -ingresado por el Gobierno en 2024 y hoy en segundo trámite constitucional en el Senado- porque el modelo de riesgos inspirado en la regulación europea generaría “altos costos” de cumplimiento normativo.
Por ejemplo, señaló que varias voces han alertado que las exigencias burocráticas elevadas y altos costos de certificación para los sistemas considerados de alto riesgo, “podrían dificultar el desarrollo y escalamiento de startups y PYME (pequeñas y medianas empresas), que suelen contar con menos recursos para enfrentar procesos regulatorios complejos”, comentó.
Pero no es el único reparo al proyecto de ley. Dijo que la velocidad para autorizar los sistemas de IA dependerá de las capacidades de la futura autoridad fiscalizadora, lo que podría ralentizar los procesos. Además, enfatizó que la falta de definiciones claras respecto de las categorías de riesgo podría generar incertidumbre y limitar la inversión.
“Si quiero invertir en Chile en inteligencia artificial, no voy a tener tan claro desde el principio si es que mi modelo va a ser autorizado o no, por lo tanto, es un proyecto que no necesariamente promueve la inversión ni fomenta la innovación”, comentó.
“Una política de innovación efectiva requiere reglas estables, mecanismos de colaboración permanentes y una institucionalidad capaz de adaptarse al cambio tecnológico”.
En este escenario, propuso recoger elementos del Plan Nacional de Inteligencia Artificial de Australia, “que fomenta la adopción tecnológica apoyándose en leyes existentes y reguladores sectoriales” y en aspectos de la normativa de Estados Unidos.
Explicó que este país utiliza el Marco de Gestión de Riesgos de IA del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, su sigla en inglés), el cual prioriza la regulación de los resultados de la aplicación de la IA (ex post), “empoderando a las agencias sectoriales” para aplicar sus marcos normativos vigentes al uso de la tecnología.
García afirmó que “la gestión del riesgo es fundamental” y que hay dos formas de abordarla: que la autoridad apruebe una nueva tecnología de IA o bien establecer un “rayado de cancha” con lineamientos. “El desafío está en encontrar un equilibrio adecuado entre resguardar a las personas y promover la innovación”, dijo.
Fomentar la innovación
Otro de los temas que preocupa a Sofofa Hub es la colaboración entre las agencias fiscalizadoras -como el Instituto de Salud Pública (ISP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)- y las empresas, para fomentar la innovación y la creación y escalamiento de startups.
García señaló que el ecosistema productivo local -desde startups hasta grandes empresas- no solo depende del talento disponible o el financiamiento para innovar, sino también de la capacidad del sistema regulatorio y de las agencias fiscalizadoras para actualizar sus marcos normativos y adaptarse a las nuevas tecnologías.
Según el ejecutivo, esta falta de adaptación lleva a las compañías a enfrentar procesos de tramitación “largos, impredecibles o diseñados para industrias tradicionales”, lo que retrasa la validación y escalamiento de soluciones y limita el desarrollo de startups y scaleups.
Señaló que, si bien la recién aprobada Ley de Permisos Sectoriales es un avance, advirtió que su impacto dependerá de la capacidad de implementación y de su articulación con los organismos sectoriales.
Pero ve otras oportunidades. Por ejemplo, propuso definir mecanismos de orientación regulatoria temprana que permitan a las empresas interactuar con reguladores desde el inicio del desarrollo tecnológico.
“Las agencias deben definir instructivos con reglas claras y plazos concretos que reduzcan la incertidumbre para la inversión (...) además de mejorar la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras”, dijo García.
También planteó establecer espacios de prueba controlados (sandbox) que permitan validar tecnologías “antes de su adopción masiva”.
Destacó experiencias internacionales como la de Alemania, donde se han promovido modelos de colaboración entre los sectores público, privado y la academia, con infraestructura compartida entre centros de investigación y empresas para resolver desafíos productivos concretos.
En este tipo de sistemas, dijo, los reguladores tienen “un rol más activo en facilitar la adopción segura de nuevas tecnologías”, a través de lineamientos claros y canales de interacción permanentes.
“Más que replicar modelos específicos, estas experiencias sugieren que una política de innovación efectiva requiere reglas estables, mecanismos de colaboración permanentes y una institucionalidad capaz de adaptarse al cambio tecnológico. Avanzar en esta dirección podría contribuir a que la innovación no solo se genere, sino que también pueda implementarse y escalar con mayor rapidez”, dijo García.
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Marco Zecchetto
