La licitación para la adquisición e instalación de cámaras de televigilancia con inteligencia artificial (IA) impulsada por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta abrió un flanco de cuestionamientos entre potenciales oferentes, en un proceso que involucra más de US$ 17 millones y que busca implementar un sistema de seguridad en Antofagasta, Calama y Tocopilla.
El proyecto considera la instalación de 1.245 cámaras y 64 lectores de patentes con IA, además de equipamiento asociado como postes antivandálicos, soportes, sistemas de respaldo de energía, transmisión de datos y salas de monitoreo. De acuerdo con los antecedentes disponibles, es el mayor monto licitado a nivel nacional en esta materia.
La iniciativa fue visada por el Consejo Regional en septiembre del año pasado y la licitación se publicó el 30 de diciembre contemplando su cierre esta semana. En ese periodo se realizaron más de 700 consultas a través del portal de compras públicas, las que fueron respondidas formalmente por la autoridad.
Reclamos de oferentes
Parte de los cuestionamientos apuntan a que las exigencias técnicas incluidas en las bases dejarían fuera a varios oferentes. Señalan que ciertos requisitos serían tan específicos que solo una marca podría cumplirlos, lo que reduce las opciones para competir.
Entre los puntos se mencionan exigencias vinculadas al tipo de cámara, estándares de software y características técnicas detalladas en el apartado de tecnología. Las empresas también cuestionan el tiempo disponible para postular, ya que el proceso se abrió a fines de diciembre, cuando muchas compañías estaban con equipos reducidos por vacaciones, lo que complicó armar una oferta técnica acorde.
Desde la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta indican que las bases “cumplen los requisitos que establece la Ley 19.886 de Compras Públicas y su reglamento”. Añaden que el proyecto fue revisado y aprobado por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso que autoriza las bases administrativas y técnicas.
Respecto de la eventual referencia a marcas, la DPR sostiene que la licitación parte de requerimientos mínimos de tecnología necesarios para la implementación del sistema y que no se establecen marcas específicas, sino estándares que deben cumplir los equipos. En relación con los plazos, la autoridad señala que el cronograma se ajusta a lo definido en el sistema de compras públicas y que todas las consultas recibidas fueron respondidas dentro de los tiempos formales.
Alcance del proyecto
El plan de televigilancia contempla la instalación de 1.245 cámaras en puntos estratégicos de Antofagasta, Calama y Tocopilla. Cada ubicación incluirá una cámara fija y una cámara 360°, capaces de grabar en alta resolución y operar de día y de noche.
El sistema incorpora inteligencia artificial para análisis de imágenes en tiempo real, seguimiento de objetos y apoyo en la identificación de situaciones sospechosas. El proyecto también considera 64 lectores automáticos de patentes, que permitirán detectar vehículos con encargo por robo o vinculados a delitos. Cada punto contará además con postes antivandálicos, sistemas de respaldo eléctrico, transmisión de datos en línea, almacenamiento de grabaciones y altoparlantes para emitir mensajes preventivos desde las salas de monitoreo.
La iniciativa incluye la habilitación y equipamiento de centros de control con estaciones de trabajo, servidores, UPS y sistemas de almacenamiento de alta capacidad para resguardar las imágenes. Todo el sistema deberá integrarse a las plataformas policiales y operar de manera continua.
Se trata de una de las mayores inversiones regionales en seguridad tecnológica de los últimos años. La adjudicación definirá qué empresa ejecutará el sistema en las tres ciudades, en un proceso que ha generado debate entre las empresas por las exigencias técnicas y los plazos definidos en una licitación de alto monto.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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