Como un escenario peor a lo esperado leyeron distintos analistas las cifras que incluyó el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025 que publicó la Dirección de Presupuestos (Dipres) el viernes pasado.
La sorpresa fue la magnitud, pues el déficit fiscal efectivo llegó a 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) -más que el 2,2% previsto en el reporte precedente-; mientras el estructural saltó a 3,6%, su peak descontada la pandemia.
“El informe presenta un escenario fiscal más deteriorado respecto de lo estimado previamente”, dijo el economista senior de Bci Estudios, Antonio Moncado.
Mientras, la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto, complementó con que las cifras sugieren un deterioro fiscal “más persistente”.
A su juicio, “es importante destacar que el problema no es sólo el ciclo, sino que también proviene de una estimación de ingresos que ha venido fallando”.
En particular, señaló que la Dipres destaca una recaudación tributaria no minera inusualmente baja y revisiones relevantes asociadas al ajuste cíclico del cobre. Por el lado del gasto, añadió, “el resultado muestra que el ajuste ha sido insuficiente frente al escenario de ingresos efectivamente observado, lo que tensiona el cumplimiento de la regla fiscal”.
La analista de estudios de Econsult, Juanita Claro, afirmó que el IFP “refleja una trayectoria de irresponsabilidad en los últimos años: se consolidó un gasto permanente muy por sobre los ingresos estructurales y, además, se financiaron desequilibrios usando ahorros fiscales”.
Una visión crítica a la se sumó el economista senior de Coopeuch, Nicolás García: “El incumplimiento de la meta en 2025 no es sorpresa, aunque sí lo es la magnitud del desvío, que fue mayor a lo que proyectábamos”.
No obstante, reparó en que la dinámica de los últimos tres años ha sido bastante similar: se presenta un escenario fiscal con ingresos sobreestimados, que luego se va corrigiendo, lo que redunda en un déficit mayor al proyectado y el incumplimiento de las metas autoimpuestas.
“Esta dinámica lamentablemente genera un perjuicio a la credibilidad de la política fiscal, más allá de si la situación fiscal real da para hablar de crisis o no”, sentenció.
Lo que viene
Frente a una situación fiscal estrecha, una de las principales promesas de campaña del Presidente electo José Antonio Kast fue un recorte de US$ 6.000 millones del gasto público en 18 meses. Ahora, tras el IFP que estima un déficit fiscal estructural de 2,7% del PIB para 2026, el mercado lo ve necesario.
“El déficit estructural hoy bordea los US$ 13.000 millones. Un recorte de US$ 6.000 millones lo reduciría aproximadamente a la mitad, llevándolo desde 3,6% del PIB a cerca de 1,9%. Es un ajuste relevante, pero no implica equilibrio fiscal. Más bien nos devolvería a niveles de déficit estructural similares a los que Chile registró en años sin crisis y previo a la pandemia”, esbozó Claro.
Calisto cree que “va en la dirección correcta. Para que el recorte sea suficiente es importante que venga acompañado de un marco creíble de convergencia del balance estructural en varios años, porque el punto de partida es exigente”.
Moncado postuló que con este mayor desvío del déficit estructural, posiblemente esta cifra se aproxime a la reducción requerida sólo en 2026. “A este monto, deben sumarse reducciones adicionales, más moderadas, pero que estarán presentes durante la próxima administración. Lo anterior, considerando el actual esquema de convergencia a la meta”, agregó.
El citado ajuste -equivalente a un nivel del orden 1,5% del PIB- podría conllevar un riesgo para la economía debido a su magnitud.
“Indudablemente, puede generar un menor dinamismo en la actividad, el que exige ser compensado con otros componentes del gasto, como mayor consumo privado o mayor inversión”, planteó el economista senior de Bci Estudios.
En ese sentido, García aseguró que sería “deseable” hacerlo de manera gradual. “El costo en términos de actividad de hacerlo en un período de tiempo acotado podría ser significativo”, dijo.
Calisto puso paños fríos: “Un ajuste bien diseñado puede tener beneficios, tal como una reducción de la incertidumbre y contención de las primas por riesgo y la trayectoria de deuda, lo que mejora las condiciones financieras hacia adelante”, afirmó.
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Catalina Vergara
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