Ya no es solo la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales u otras agencias independientes. El presidente estadounidense, Donald Trump, busca aumentar su control también sobre el sector privado.
El economista jefe de The Wall Street Journal causó revuelo esta semana al afirmar que Trump estaba adoptando un “capitalismo estatal con características estadounidenses”. El titular hace referencia al modelo económico chino, con una base socialista a la que se añaden ingredientes capitalistas.
En el caso de EEUU, Trump estaría dirigiendo a la mayor economía del mundo y hasta ahora símbolo del capitalismo a un modelo de cada vez mayor control estatal. Si bien el uso de la política industrial ha ganado fuerza en EEUU y Europa en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, la administración de Trump da un paso más allá.
La Casa Blanca usa los aranceles no solo como una herramienta de proteccionismo comercial, en nombre de dar impulso a la manufactura local, sino como un instrumento para determinar la distribución de recursos en la economía.
Empresas que comprometan la construcción de fábricas en el país, independientemente de su nivel de eficiencia, quedarían exentas de las tarifas. Más preocupante debería ser la creciente intervención directa al quehacer de las empresas.
Que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamara al CEO de Walmart en mayo pasado para pedirle que absorbiera en sus márgenes el alza de aranceles a China pasó casi desapercibido. Aunque Walmart no cedió por completo, la presión del Ejecutivo sobre la empresa se entendió como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para moderar el impacto de su política arancelaria.
Más recientemente, Trump pidió públicamente a David Solomon, CEO de Goldman Sachs, que despidiera a su economista jefe en Estados Unidos. "Creo que David (Solomon) debería salir y buscarse un nuevo economista o, tal vez, debería concentrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una gran institución financiera”, escribió Trump, molesto por la proyección de Jan Hatzius sobre el impacto inflacionario de los aranceles a partir de octubre. Pero fue el caso de Nvidia (y al parecer también AMD) el que encendió las alertas. La fabricante de semiconductores para IA aceptó pagar 15% de las ventas de sus semiconductores H20 en China a cambio de una licencia para exportarlos a ese mercado.
La Casa Blanca plantea que el acuerdo es un tema de seguridad nacional, porque mantiene la prohibición de exportación de los semiconductores más avanzados de Nvidia hacia China, como los utilizados por DeepSeek para entrenar su competencia a ChatGPT.
Pero las declaraciones de Trump exponen a la administración a críticas. “Le dije (a Jensen Huang, CEO de Nvidia): ‘Quiero el 20% si voy a aprobar esto para ti’... Para el país, para nuestro país. No lo quiero para mí. Y él dijo: ‘¿Lo harías por 15%?’. Así que negociamos un pequeño acuerdo”, explicó Trump sobre cómo fue la negociación.
Sin embargo, la Ley de Reforma del Control de Exportaciones (Export Control Reform Act o ECRA) de 2018, aprobada con fines de seguridad nacional, prohíbe específicamente al Gobierno de EEUU cobrar tarifas por el procesamiento de licencias de exportación. Hacerlo requiere de la aprobación de una ley específica del Congreso.
“Piensen en un mundo en el que ya no hay normas y el Estado negocia con cada empresa. (Y el Estado no tiene en mente la función de bienestar adecuada...) Resulta interesante y aterrador pensar en el resultado final”, planteó Olivier Blanchard, execonomista jefe del FMI, a través de su cuenta de X una vez se conoció del acuerdo con Nvidia.
Otro en cuestionar el acuerdo fue Chris Padilla, exfuncionario del Departamento de Comercio durante la administración de George W. Bush. Padilla, quien trabajó en la Oficina de Industria y Seguridad, cuestionó que se usen los controles a las exportaciones de tecnología sensible “para extraer pagos de parte de las empresas”.
El temor es que el caso de Nvidia y sus chips H20 sea solo el primero. Nada frena que la Casa Blanca, bajo el lema de “grandes acuerdos para el beneficio del país”, presione a las empresas en negociaciones similares.
A Tim Cook, CEO de Apple, le costó la promesa de inversiones por US$ 600.000 millones y la entrega de una placa con una base de oro de 24 quilates a Trump el quedar exenta del impuesto de 50% a la importación de semiconductores.
El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, tuvo que acudir a la Sala Oval en persona para calmar al Presidente, después de que este pidiera públicamente su renuncia, acusándolo de tener “severos conflictos de interés” para los cuales “no hay otra solución que su salida”. Tras la reunión con Tan, Trump declaró que la historia de éxito del ejecutivo “es increíble” y que su equipo presentaría sugerencias para resolver los problemas, de los cuales no se dieron detalles. Puede que Tan sobreviva, por ahora, pero la declaración deja en claro que la Casa Blanca va a “sugerir” cambios en Intel.
Este tipo de intervencionismo contradice los principios capitalistas y de libre mercado que Trump dice defender y que le han ganado simpatías entre sectores libertarios y conservadores en Europa, así como afinidad con líderes como Javier Milei. Al reemplazar la competencia abierta por acuerdos negociados desde la Casa Blanca, la administración se aleja de la ortodoxia económica que critica la injerencia estatal en la asignación de recursos.
El mayor peligro está en el largo plazo. La historia enseña que, en las economías con un Estado empresario —donde el futuro y la rentabilidad de las empresas dependen de las conexiones políticas y de agradar al gobierno de turno—, el quehacer económico se distorsiona, la corrupción aumenta, la innovación se resiente y, con ella, el crecimiento.
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