La comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional aprobó por unanimidad ayer normas que establecen el deber de toda persona de prevenir daños ambientales, además de la creación de un fondo estatal de justicia ambiental.
La iniciativa, patrocinada por diversos constituyentes como César Uribe y Cristina Dorador, plantea que "las conductas y omisiones consideradas riesgosas o lesivas al medio ambiente sujetarán a sus infractores a las sanciones penales y administrativas, independientemente de su obligación de reparar los daños causados".
La idea también incluye la posibilidad de que "cualquier persona" pueda exigir reparar el daño causado.
Se precisa que "la responsabilidad será objetiva y solidaria, incluyendo casos de daños provocados de manera difusa entre varios agentes. El mismo Tribunal que ordene cumplir con esta obligación, podrá de oficio implementar mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno y efectivo de sus sentencias".
En el artículo transitorio, también aprobado en forma unánime, se establece que "se creará mediante una ley de quórum calificado, un Fondo Estatal de Justicia ambiental para implementar acciones correctivas de los pasivos ambientales y/o de restauración de zonas históricamente afectadas por contaminación, destrucción o agotamiento de los recursos; sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a las personas naturales o jurídicas que contribuyeron a ellas".
Se detalla que se financiará cada año con una partida especial del presupuesto que no fue precisada "sin perjuicio que la misma ley determine la forma en que se incorporará al Fondo toda multa o sanción pecuniaria aplicada en el marco de un procedimiento sancionatorio de las autoridades ambientales y sectoriales con competencia ambiental".
La norma ahora debe ser analizada en particular y luego deberá pasar al pleno de la convención, donde necesita 103 votos favorables para ser considera en la propuesta de nueva Constitución.
En paralelo, la comisión de Sistemas de Conocimiento se aprobó la norma que consagra el derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad.
El rechazo de Boric a propuesta de Rivera
La polémica del día la generó la norma presentada por la convencional María Rivera (exLista del Pueblo) que pide disolver los poderes del Estado y en su reemplazo crear una "Asamblea Plurinacional de los trabajadores y los pueblos" que estará integrada por 600 personas.
La iniciativa generó rechazo en diversos sectores, entre ellos quien fuera vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, e incluso la reacción del Presidente electo, Gabriel Boric.
"Esto", se limitó a escribir el futuro mandatario en su cuenta de Twitter en apoyo a lo escrito por la convencial del Frente Amplio, Constanza Schönhaut.
La abogada había planteado en la red social "que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de ocho convencionales y se vota en comisión de Sistema Político. Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva Constitución".
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