Mientras el mundo político y económico tiene sus ojos puestos en la conformación de equipos del gabinete que acompañará al presidente electo, Gabriel Boric, la Convención Constitucional continúa con su labor a ritmo acelerado, pues se desconoce aún si se extenderá su periodo hasta julio. En ese contexto ayer se aprobó, en la Comisión de Medio Ambiente, la iniciativa de norma convencional constituyente sobre "derechos de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales", que aborda el derecho de propiedad.
La iniciativa de cinco artículos y dos transitorios fue ingresada el 28 de diciembre y patrocinada por los convencionales Natividad Llanquileo, Alexis Caiguan, Victorino Antilef, Francisca Linconao, Eric Chinga, Isabel Godoy, Margarita Vargas, Wilfredo Bacian, Elsa Labraña, Giovanna Grandon, Fernando Salinas, Ericka Portilla, Tania Madriaga, Nicolás Núñez, Ivana Olivares y Manuel Woldarsky.
Ésta aborda los "derechos de propiedad" de los pueblos ancestrales en el territorio.
En el marco del articulado de la propuesta, se señala que "los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y el territorio que actual o tradicionalmente han ocupado" y que este "cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y naciones preexistentes al Estado ocupan o utilizan, o han poseído, ocupado, utilizado o adquirido de alguna manera, incluyendo el suelo, el subsuelo y los recursos y bienes naturales".
El texto subraya que el Estado "reconoce, respeta, protege y garantiza" tales derechos y que las tierras y territorios indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo".
Este artículo establece, además, que los descendientes de los pueblos originarios "mantienen vigente el derecho" a reivindicar sus tierras y que el Estado, nuevamente, debe garantizar la restitución, a través de medidas y mecanismos oportunos y adecuados.
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"Decrétese la nulidad"
Pero uno de los artículos más controvertidos del articulado de la norma es el segundo transitorio, que reza: "Decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas", cuando hayan sido otorgados vulnerando el derecho de los pueblos originarios.
Sin embargo, el artículo transitorio añade que se evaluará el nuevo otorgamiento de dichos permisos en un plazo no mayor a dos años y tras realizar un proceso de consulta.
Si bien esta iniciativa de norma debe ser votada en particular todavía en la comisión y posteriormente -en caso de avanzar- en el Pleno de la Convención, la Comisión de Medio Ambiente ya le dio luz verde para avanzar, de tal manera que dé sus primeros pasos para llegar a esa instancia, aprobándola en general.
Las críticas de los gremios
La primera entidad empresarial en reaccionar al avance de esta última medida fue la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), cuyo presidente Diego Hernández criticó la norma, señalando que va en contra de la certeza jurídica para el sector.
"Junto con reconocer que lo que se aprobó requiere aún de indicaciones y análisis en particular y de ser vista por la Convención en pleno, creemos que lo aprobado por la comisión respectiva es una mala señal y no contribuye en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera. Es la certeza la que ha permitido que la minería sea lo exitosa que ha sido hasta ahora en términos económicos y sociales", aseguró ayer el expresidente ejecutivo de la estatal Codelco.
A su vez, Hernández advirtió que de aprobarse la norma se provocaría un aumento en la judicialización de los proyectos.
"No existe catastro de cuáles son las concesiones que se verían afectadas ni cómo sería impactado el país con esta decisión abriendo la puerta a interminables juicios que en nada van a beneficiar al país y a su desarrollo", lanzó el timonel gremial.
Adicionalmente, agregó que dicha medida puede implicar que las comunidades abran procesos de negociación con las mineras afectadas, "para obtener algún beneficio económico".
"Ello es contrario a la legítima pretensión de las empresas de poder realizar sus actividades en un marco de seguridad jurídica y de los pueblos ancestrales de recuperar sus tierras en beneficio de sus comunidades", cerró el ejecutivo.
Por su parte, el presidente del Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, aseguró que la temática en torno a los pueblos originarios "sin duda" es de "suma importancia" en el proceso constitucional.
"Por ello, estamos atentos a la discusión e interesados en colaborar con la Convención y hemos hecho llegar nuestras propuestas a las comisiones respectivas", continuó.
"Por ello, la iniciativa que fue votada hoy, siendo muy relevante, esperamos que pueda ser mejorada de manera sustantiva en la discusión futura con participación de todos los actores antes de su ingreso al plenario", señaló el directivo.
En esta línea, planteó que es "básico y relevante" para otorgar certeza jurídica que se identifique "de manera clara y precisa" quiénes son los beneficiarios partícipes del proceso, que se "exijan" los antecedentes necesarios.
"Porque si partimos de un vacío o una incerteza, toda esta conversación puede llegar a ser insalvable", manifestó, mostrando su disposición a un diálogo con las contrapartes de los pueblos originarios.
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