Para nadie es un misterio que asumido el rechazo a la propuesta de una nueva Constitución con una amplia ventaja, el Gobierno y el oficialismo, en particular, iniciaron la nueva etapa. Si bien todos los sectores coincidieron en que el segundo proceso debería corregir los errores del primero, no ocurría lo mismo respecto de las condiciones que se deberían cumplir para asegurar la legitimidad del nuevo texto que se le propondrá a la ciudadanía.
Es este contexto y con un avance mucho más lento de lo que el oficialismo y, sobre todo el Gobierno, hubieran esperado, se llegó a uno de los temas de fondo y en el que ha sido muy difícil acercar posiciones, ya que si bien gran parte de la oposición se abrió a que el órgano encargado de redactar la nueva Constitución sea 100% electo, consideran que más de 50 integrantes es demasiado –el oficialismo más la DC propone 99, nueve de ellos serían escaños reservados- y en esta última semana fue imposible acortar la brecha.
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Flexibilidad y diálogo
Por otro lado, en algunos sectores del oficialismo temen que hace rato la oposición haya tomado la decisión de empujar las negociaciones hacia un órgano mixto y a que a ello se deba la actitud radical de no ceder en el número de integrantes al punto de congelar el avance de las conversaciones.
La posibilidad de un órgano mixto ha rondado toda esta etapa de negociaciones. Y esta vez, el exvicepresidente de la Cámara, diputado Raúl Soto (PPD), fue el primero en admitir públicamente que de no abrirse, el oficialismo, a esa idea es muy probable que no haya acuerdo. En una actitud bastante pragmática, Soto recalcó que el proceso está en un “punto límite” para sellar un acuerdo con flexibilidad y diálogo y que ningún sector puede “atrincherarse” en sus posturas iniciales, haciendo fracasar las conversaciones.
De ahí que invite a todos los sectores políticos a abrirse a evaluar una mezcla entre participación democrática y un rol de expertos que “garantice rigurosidad técnica al futuro proceso constitucional”, pues “de lo contrario va a ser muy difícil canalizar este acuerdo”, advirtió.
Sin embargo, salió al paso de los dichos de Soto el presidente de Convergencia Social (CS) –el partido donde milita Gabriel Boric-, el diputado Diego Ibáñez, quien recordó que al Congreso no lo eligió la ciudadana para “redactar constituciones” y que para que la nueva Constitución tenga “legitimidad de origen” –que es una de las principales críticas que se le hace a la actual- debe ser 100% electa. Pero además recordó que entre los aspectos en los que se ha avanzado fue justamente en la creación de un comité de expertos que arbitrará que se cumplan los 12 principios que la nueva Constitución no puede sobrepasar.
Con esta argumentación, Ibáñez instó a la derecha a que cumpla con la palabra empeñada y advirtió que “si hay quienes quieren atribuirle al Congreso el poder constituyente, bueno, que le explique a Chile por qué es mejor que los senadores designen a dedo y que no lo haga la ciudadanía”.
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