El lunes finalizó el plazo de inscripción de candidaturas a la Convención Constitucional que tendrá que redactar la nueva Constitución. El Servel no ha dado a conocer todavía la cantidad total de postulantes a nivel nacional para los 155 cupos, pero ha anticipado al menos dos cifras:
Hay 2.213 candidatos independientes a la convención, con 480.977 patrocinios.
Se contabilizaron 199 postulaciones para los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, con 18.346 respaldos.
La cantidad de gente que respaldó las candidaturas independientes resulta importante. Primero, porque solo hubo tres semanas para realizar el trámite, que tenía cierto nivel de complejidad (con clave única incluida). Segundo, porque la fecha no era nada buena: en medio de una pandemia y entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Que al menos medio millón de personas hayan apoyado candidaturas por fuera de los partidos representa una nueva señal sobre la crisis estructural que enfrentan las colectividades en Chile, al menos hace una década.
Lo dicen diferentes encuestas a lo largo de los años. Cuando en 2017 tuvieron que refichar a sus militantes, todos los partidos lograron 449.973 ratificaciones, es decir, menos que los que en este diciembre y enero se movilizaron para patrocinar a postulantes independientes.
¿Significa necesariamente que los partidos quedarán desplazados en algunos distritos? Es una de las principales preguntas de cara a las elecciones del 11 de abril.
Los partidos siguen teniendo el oficio para ganar las elecciones, el sistema de financiamiento los beneficia y tendrán a su favor, entre otros elementos, la concurrencia con las elecciones municipales y de gobernadores, junto con la movilización de sus respectivos congresistas. Es decir, toda la máquina de las colectividades y bloques empujará a sus candidatos.
Desde 1990 a la fecha, además, el electorado chileno no ha sido especialmente rupturista ni acostumbra a dar grandes sorpresas.
Los independientes, sin embargo, tienen elementos a su favor. De partida, el nivel de incertidumbre existente, porque la elección de convencionales parece totalmente abierta. En segundo lugar, los respaldos de cerca de 500.000 personas retrata a una ciudadanía movilizada, una señal en la misma línea que los votantes del plebiscito del 25 de octubre (donde pese a la pandemia, participó en torno a un 50,9% del padrón). Un tercer aspecto: los altos niveles de abstención que todavía se registran en Chile -en torno a la mitad- dejan un espacio amplio para el crecimiento. Si salen de sus casas los que no han sufragado en las últimas elecciones y procesos electorales, las candidaturas al margen de los partidos podrían tener mayores oportunidades a nivel nacional, considerando la desafección con la forma de hacer política desde las trincheras tradicionales.
Expertos como los del PNUD analizan con detención experiencias previas a nivel internacional, como los procesos constituyentes de Colombia en los 90 y Túnez en 2014, donde los movimientos sociales que empujaron los cambios no necesariamente quedaron representados con fuerza en los órganos redactores de sus constituciones. Pero nadie adelanta conclusiones, porque lo sucedido en Chile tiene características peculiares y porque una de las principales incógnitas del proceso tiene relación -justamente- con la proporción de los independientes en la convención que comenzará a sesionar entre mediados de mayo y comienzos de junio próximo.
Se augura, sin embargo, una convención diversa, a juzgar por las candidaturas que se presentaron hasta el lunes y que todavía tienen que ser revisadas por el Tricel. Pero sobre todo, se vislumbra un órgano fragmentado, considerando la cantidad de listas que se han presentado en todo el país. De acuerdo al medio de análisis político Tresquintos, son 79 las listas inscritas, que van sobre todo desde el centro a la izquierda (porque la derecha va unida, pese a los problemas que han estallado esta semana con las candidaturas en el oficialismo).
Los independientes no son una misma cosa: está la lista FyF Vota Feliz -de Felices y forrados, la controvertida firma de asesorías previsionales, cuya permanencia deberá resolver el Servel– hasta apuestas conformadas por asambleas territoriales que se originaron luego de las revueltas del 18 de octubre, como la Lista del Pueblo.
Existe una amalgama heterogénea, pero que tiene en común la ilusión de dar el sorpasso en la convención a los partidos desprestigiados que no cuentan con la confianza de la ciudadanía y que, golpeados por los escándalos de financiamiento irregular en la política, no han sido capaces de revertir su crisis de representatividad.
Lo dicen todas las encuestas: los partidos y el Congreso son las instituciones peor valoradas en Chile. No han ayudado las polémicas que se han visto esta semana en los diferentes bloques luego de la inscripción de las candidaturas, que desnudan las clásicas negociaciones a puertas cerradas que han alejado a la gente no de la política sino, aparentemente, de la forma de ejercerla.
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