Como un compromiso político dirigido a “apaciguar sólo algunas de las cuestiones” que marcaron como negativas para la inversión, el crecimiento potencial y las cuentas fiscales, calificó el banco de inversión JP Morgan el acuerdo que la semana pasada alcanzaron los partidos políticos del oficialismo para hacer modificaciones al texto de la nueva Constitución en caso de ganar el Apruebo en septiembre.
En un informe enviado el lunes a sus clientes, el economista jefe para el Cono Sur de la entidad, Diego Pereira, recordó que en lo fiscal el compromiso es eliminar las mociones parlamentarias que suponen gastos directos para el Estado; que en pensiones se promueve un modelo mixto -manteniendo un componente de capitalización individual-; y que en salud se propone una ley que garantice la participación de prestadores públicos y privados.
Además, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad “están absolutamente garantizados”.
Pereira planteó que, “tras el anuncio, algunos miembros de la coalición expresaron sus dudas sobre si las reformas se aplicarían finalmente”. Pero reconoció que “es cierto que la decisión política ayudaría a recentrar el marco legal si el Apruebo resulta ser el ganador del plebiscito, lo que apaciguaría en parte la probable reacción negativa del mercado ante tal resultado”.
El economista también reafirmó su postura de que, si gana el Rechazo y el sistema político debe definir la forma en que se reformara la Constitución actual “es probable que la inseguridad jurídica a largo plazo persista”. Pero, detalló que “este escenario probablemente iría acompañado de una reacción del mercado y de la inversión más constructiva que la opción de aprobar la reforma”.
El informe recalcó que, independiente de si la opción es aprobar o rechazar, la mayor parte de la ciudadanía “exige reformas adicionales”.
Bajo impacto fiscal
Desde Capital Economics, la economista de Mercados Emergentes, Kimberley Sperrfechter, vio en el acuerdo “un intento de recabar apoyo entre los votantes del Rechazo”, lo que la lleva a dudar “que las enmiendas tengan un gran impacto fiscal”.
A su juicio, “la cuestión más importante es que Chile está avanzando hacia un Estado fundamentalmente remodelado y más grande”. La economista planteó que “esto no tiene por qué ser necesariamente negativo”, y ejemplificó con que las mejoras en la provisión de educación y salud mejorarían el capital humano, pero alertó que un mayor gasto dará lugar a más déficits o a alzas de impuestos.
Foco social
En paralelo, la directora senior de Fitch Ratings, Rina Jarufe, advirtió que “persistirá la incertidumbre”. independiente del resultado del plebiscito. “Si se aprueba, la nueva Constitución transformará a Chile de un entorno amigable con los negocios a un país más centrado en lo social”, planteó en un reporte difundido este martes, y añadió que la propuesta de carta magna “afecta a áreas que afectan a la solvencia soberana a través de implicaciones institucionales y políticas”.
Entre ellas, destacó la forma de gobierno y sus poderes, los controles y equilibrios entre los diferentes poderes, los derechos de propiedad, y los derechos sociales obligatorios “con posibles implicaciones fiscales significativas”.
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