Nueve pilares enumeró ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, para que una nueva Constitución posibilite el desarrollo y el bienestar. Se trata de un Estado de derecho, certeza jurídica y paz social; desarrollo sostenible; fortaleza institucional; estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y reglas estables; libertad de emprendimiento y de asociación; derecho de propiedad privada; provisión mixta de bienes públicos y libertad de elección; Estado moderno al servicio de las personas; y Estado unitario y descentralización gradual.
Al exponer por una hora vía telemática ante la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional, el dirigente empresarial afirmó que "la propiedad es una de las bases esenciales de la democracia, del funcionamiento de la economía de un país y del sistema jurídico contractual". Y agregó que "su consagración constitucional, su protección y reconocimiento como derecho, entrega certeza jurídica y reglas claras para desarrollar cualquier actividad económica".
En torno a la consagración de derechos a la naturaleza, sostuvo que el medio ambiente es en sí mismo un bien jurídico protegido. "La naturaleza se encuentra protegida en la legislación nacional, es reconocida por los tribunales de Justicia e incorporada de diversas maneras en la elaboración de políticas públicas", dijo.
Así, bajo su mirada "sería innecesario incorporar en la Constitución a la naturaleza como un sujeto de derechos". De ocurrir, ejemplificó que se provocaría una colisión o choque entre los derechos de la persona y los que podrían establecerse en beneficio de la naturaleza, lo que presentaría un debate difícil de resolver y poco operativo en la práctica; y agregó que habría problemas en la individualización del sujeto de derecho, porque la "naturaleza" puede tener distintos significados según el alcance de la situación en particular.
Con relación a los recursos hídricos, Sutil señaló que en la nueva Constitución el agua debiera ser considerada como un bien nacional de uso público con derechos de aprovechamiento que debieran priorizar el consumo humano.
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