Los agricultores de Nueva Zelanda comenzarán a pagar un impuesto sobre las emisiones agrícolas para 2025, una medida que la primera ministra, Jacinda Ardern, dijo que sería una primicia mundial.
El gobierno adoptará la recomendación principal de la asociación de acción climática del sector primario He Waka Eke Noa para fijar el precio de las emisiones a nivel de granja en lugar de incluirlas en el esquema de comercio de emisiones de la nación, dijo Ardern el pasado martes en Wellington.
El sistema estará en funcionamiento para 2025 y requerirá que los agricultores comiencen a pagar un precio regulado por sus emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso.
“La propuesta hará que los agricultores de Nueva Zelanda lideren el mundo en la reducción de emisiones, brindando una ventaja competitiva y mejorando nuestra marca de exportación”, dijo. “Ningún otro país del mundo ha desarrollado aún un sistema para fijar precios y reducir las emisiones agrícolas, por lo que nuestros agricultores se beneficiarán de ser los primeros en actuar”.
Nueva Zelanda es el mayor exportador de productos lácteos del mundo, y la agricultura desempeña un papel importante en la economía. La agricultura representa alrededor de la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país.
Ardern dijo que las propuestas permitirán que la nación del Pacífico Sur cumpla con su objetivo legislado de reducir las emisiones de metano a un 10% por debajo de los niveles de 2017 para 2030.
Pero los agricultores están molestos porque el gobierno no acepta todas sus recomendaciones, según el grupo de presión Federated Farmers. Temen que algunos abandonen la tierra a medida que sus costos se vuelvan abrumadores.
El gobierno reconoce en el documento de consulta que se espera que las reducciones de emisiones provengan de cambios en el uso de la tierra, así como una mayor eficiencia agrícola y mitigación de emisiones.
Enfoque de gas dividido
El gobierno respalda un enfoque de gas dividido en el que los gases de vida prolongada, como el dióxido de carbono, tienen un precio diferente al del metano.
Los ministros establecerán el precio que se impondrá a los agricultores según el asesoramiento de la Comisión del Clima. Esa es una desviación de la idea de la asociación de un grupo asesor del sector que brinda orientación. Los precios se fijarán anualmente, aunque existe la posibilidad de fijar el precio del metano con menos frecuencia, según documentos gubernamentales.
Los ingresos del impuesto se reciclarán a través de pagos de incentivos diseñados para fomentar la adopción de tecnologías de mitigación aprobadas, como los inhibidores de metano, que reducirán la factura total de un agricultor. El dinero también se destinará a la investigación de nuevas formas de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En otra desviación de las propuestas de la asociación, el gobierno no permitirá el secuestro de carbono de la vegetación en la finca para compensar las emisiones de un agricultor. En cambio, quiere que el esquema de comercio de emisiones sea el único mecanismo para reconocer tal plantación.
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