La primera sesión del consejo de Corfo, bajo la vicepresidencia de José Ignacio Mujica, dejó instalada una pregunta de fondo acerca de si la actual arquitectura del principal organismo de fomento y producción del país sigue teniendo sentido.
Así consta en el acta de la sesión N° 541, celebrada el 13 de mayo, y a la que tuvo acceso Diario Financiero vía Transparencia, donde el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas -quien preside el consejo que también integran cinco ministros y la autoridad de Corfo-, propuso revisar la pertinencia de los ocho comités sectoriales de la corporación.
Argumentó que “teniendo a la vista que después de tantos años apoyando a una determinada industria o sector de la actividad económica, la pregunta que debería surgir es si el objetivo se cumplió, o bien, es necesario realizar algún cambio en las condiciones de apoyo”, según se lee en el acta.
El planteamiento apunta a estructuras creadas entre 1997 y 2025 para abordar áreas consideradas estratégicas: el Sistema de Empresas; la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático; Agroseguros; Desarrollo y Fomento Indígena; Hidrógeno Verde, Economía Asociativa y Cooperativismo; Litio y Salares; y Construcción Naval. Sus presupuestos para 2026 suman más de $ 12 mil millones, y solo Agroseguros concentra $ 8.560 millones.
Respecto de este último, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, pidió considerar también su valor indirecto, pues apoya el seguro agrícola de pequeños y medianos agricultores “que generan un impacto relevante en la industria exportadora y sus consecuentes ingresos fiscales”. Mas retrucó que, en ese caso, más que la pertinencia, debiera examinarse que esa labor la realice un comité de Corfo.
El director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, quien participó como ministro de Hacienda (s), propuso que junto con revisar los comités se efectúe un seguimiento a las líneas de las gerencias de Corfo para “evaluar su impacto”.
Diario Financiero envió preguntas al Ministerio de Economía y a Corfo para conocer más detalles de esta eventual reestructuración, pero en ambos casos declinaron responder.
No obstante, fuentes de Hacienda señalaron que en el caso de la revisión de las líneas de las gerencias, lo que se buscaría es verificar si el tamaño de estas se condice con el volumen de sus operaciones y si los programas cuentan con resultados o impactos comprobables, en línea con el foco de racionalizar el gasto público.
Según consta en el acta del consejo, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, adhirió a las opiniones y calificó de “imprescindible” mapear en el Estado cómo se utilizan los recursos públicos, a quién corresponde financiarlos, su destino, operatoria e impacto, incluyendo métricas estándar de evaluación, focalizando recursos.
Venezian agregó que se advierte, de manera transversal en distintos ministerios, una ausencia de indicadores específicos en programas de transferencia. Mujica respondió esta inquietud y dijo que Corfo “potenciará el área de datos y procesos” para facilitar la medición de programas y proyectos con el apoyo de nuevas tecnologías.
$12 mil millones es el presupuesto 2026 para los ocho comité sectoriales
Ajuste con la banca multilateral
La lógica de racionalización se materializó en decisiones concretas. El consejo conoció el resultado de un análisis de la cartera vigente de operaciones de crédito con la banca multilateral, realizado en abril, que evaluó su pertinencia estratégica, estado de implementación, nivel de ejecución e impacto fiscal.
Ese ejercicio derivó en propuestas de reestructuración y cancelación para reducir la cartera comprometida en 54,8%, desde US$ 1.194 millones a US$ 540 millones, disminuyendo los costos asociados a comisiones por no uso, sin mermar su impacto productivo.
El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, preguntó si la línea con el Banco Europeo de Inversiones fue utilizada. Mujica respondió que no, porque “no existen proyectos lo suficientemente maduros como para requerir financiamiento”.
En el mismo ámbito, el consejo aprobó por unanimidad la disolución del Comité de Supervisión de Contratos sobre Concesiones Mineras Ubicadas en el Salar de Atacama, creado en 2018 y que solo sesionó en dos oportunidades, cuyas funciones fueron absorbidas por la Dirección de Activos y Contratos Mineros, creada en 2024.
También dejó sin efecto un comodato a la Municipalidad de Lota para facilitar la enajenación de un inmueble, en línea con la Circular N° 15 de 2026 de Hacienda, que instruye elaborar un plan de venta de activos institucionales. Corfo posee 213 bienes inmuebles, de los cuales 96 han sido declarados prescindibles por el propio consejo, incluyendo terrenos, edificios, activos mineros, derechos de agua y centros vacacionales.
El biministro Mas solicitó que en una sesión futura se presente un análisis sobre los activos de la corporación, aunque Gómez acotó que Hacienda ya requirió a los organismos públicos el listado de activos.
213 bienes inmuebles posee actualmente Corfo.
El debate por el litio
La discusión sobre estructuras también alcanzó al litio, específicamente al Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa), designado como receptor de hasta US$ 20 millones anuales del Aporte de Investigación y Desarrollo (I+D) de Albemarle para un programa de investigación en sostenibilidad de la industria del mineral no metálico.
El representante del Ministerio de Desarrollo Social, Manuel Sánchez, manifestó su preocupación por generar una entidad permanente en el Estado y por su costo, sugiriendo una estructura más liviana, como un consorcio licitado a privados, transitoria y para fines específicos.
No obstante, Mas propuso dar curso al funcionamiento del instituto este primer año entregando la cuota inicial, para luego adoptar las decisiones pertinentes con un estudio profundo, y planteó la necesidad de “analizar el litio con mirada estratégica, considerando que al menos cuatro o cinco instituciones del Estado intervienen en la materia, a fin de no diluir el conocimiento en distintas organizaciones que pueden terminar generando una debilidad institucional no deseada”.
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Renato Olmos
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